A pesar de la valiente y documentada investigación de Pedro Salinas y de los testimonios de las víctimas el Ministerio Público acaba de archivar la investigación contra Luis Fernando Figari, fundador de Sodalicio, acusado de presuntos abusos sexuales lo que ha generado la indignación nacional. Más aún cuando se sabe que la congregación cristiana sigue teniendo acceso a menores de edad en los colegios de su propiedad. En simultáneo el Contralor denuncia ante el Congreso que no se da un trabajo coordinado de las instituciones encargadas de investigar el caso Lava Jato
El drama nacional es la ineficacia de la justicia. La percepción es que ella no existe en nuestro país. Edgar Alarcón recoge este estado de ánimo colectivo ante un Poder Judicial y un Ministerio Público que ceden a presiones, dilatan investigaciones y prolongan la definición de las sanciones durante muchos años. Por ello recomendó al Congreso crear una Fiscalía Ad Hoc que se ocupe en forma exclusiva de las compañías brasileñas, así como una Sala Penal única que consolide toda la investigación. Ha precisado que hay 1200 procesos sin sentencia desde hace ocho años.
También pidió al Congreso normas para que la Contraloría tenga la capacidad de levantar los secretos bancario, tributario y de las comunicaciones sin solicitarlo a un juez. Si no hay trabajo coordinado y cada institución del sistema se dispara por su cuenta el resultado es esta ausencia de respuestas rápidas que en la percepción general es simple incapacidad e indolencia. Algo que lamentablemente alcanza hasta el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
La dimensión del escándalo es proporcional a la desconfianza en los líderes e instituciones que deberían poder conducir el país en uno de sus momentos más difíciles y no están cumpliendo. Estamos en el primer tiempo de un largo partido pero la indignación colectiva crece y el temor de que no estemos a la altura se extiende.
El presidente Kuczynski tenía la confianza pero la va perdiendo por su indefinición ante el escándalo brasileño proyectado en el Perú. Muy grave que un gobierno tan joven sea afectado en su legitimidad. Y que las sospechas y temores ronden a la persona que constitucionalmente personifica a la nación que podría ser incluido en el terrible espectáculo de desfilar por fiscalías y comisiones del Congreso para dar su testimonio personal. El sensacionalismo es otro flagelo que acecha.
La excesiva lentitud en los responsables de la investigación es una señal ambivalente. Podría ser de respeto al debido proceso y de tranquilidad de conciencia, como pretenden algunos, o de lenidad para comprar tiempo y gestionar la impunidad, como temen los más. Ya debería, por ejemplo, haberse declarado la nulidad de los contratos lesivos y haberse tomado medidas para recuperar parte de lo perdido. Los actos jurídicos de las empresas brasileñas no pueden surtir efectos legales, están viciados en su origen por la corrupción que deberá ser probada con la mayor celeridad y honestidad posibles.
El país vigila y espera que caigan todos los responsables del peor momento de la República generado por una gran red criminal internacional que supo aprovechar debilidades personales e institucionales. Que podamos superarlo es ahora el gran desafío nacional.