La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que demanda la ciudadanía ha tenido su primer tropiezo. La Comisión de Constitución del Congreso de la República, que preside Rosa Bartra Barriga, con una mayoría parlamentaria integrada por los representantes del fujimorismo y del neo-aprismo se ha encargado de ello. Con la compañía complaciente de quienes figuran en las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso, los mismos que, sin mayor debate, sin escuchar a los impulsores de la propuesta, tampoco a los expertos del Poder Judicial y del Ministerio Público, acordaron al unísono mandar al archivo la iniciativa relacionada con la inmunidad parlamentaria.
Lo ocurrido constituye un mal precedente, en momentos en que la nación vive momentos expectantes de un posible cambio, que permita combatir a fondo la corrupción imperante y establecer normas que hagan más efectiva la gobernabilidad del país, libre ya de la presencia delincuencial de quienes buscan el poder político para actuar criminalmente, como medio para acumular riqueza dineraria.
Pésimo precedente. Confirma y agrava el mal concepto que se tiene del Congreso de la República. Los escrutinios más recientes nos dicen que 7 de cada 10 ciudadanos desaprueban la gestión de ese Poder del Estado. Esto quiere decir que los representantes ante el Parlamento no son tales, han perdido credibilidad y legitimidad, porque actúan en contracorriente a los deseos de quienes les dieron la facultad de legislar a nombre de la Nación.
De nada ha valido que se les haya hecho presente a esa mayoría parlamentaria que una cosa es la inmunidad y otra cosa la impunidad. Los casos de los congresistas Donayre, Ríos, Mamani y un largo etcétera, registrados en estos últimos tiempos, protagonistas de hechos sancionados por la ley, no sirvieron de precedente alguno. Al contrario, parece que lo ocurrido con ellos, fue el estímulo necesario para oponerse a los cambios que requiere la mal llamada inmunidad parlamentaria y evitar así que se actualice esta antigua prerrogativa procesal, con criterios más eficaces, a la luz de la realidad que aflige a nuestra sociedad, en estos momentos tremendamente golpeada por sucesivos actos de corrupción.
No les falta razón a quienes señalan que la democracia peligra si solo se oye la voz de los poderosos. Esto es lo que ha sucedido. La Comisión de Bartra Barriga le ha enviado un mensaje claro a la ciudadanía. Bajo el supuesto de que la inmunidad parlamentaria es intocable, le ha dicho que la impunidad parlamentaria seguirá porque, por algo y por ahora, dominan los predios del Congreso de la República. Quienes son proclives a la delincuencia tendrán un espacio propio allí. Esto a pesar que la propia historia de la inmunidad parlamentaria, que nos remite a los tiempos lejanos de la Grecia y la Roma de siglos pasados, que después se perfecciona en la Edad Media, concretamente en el “Bill of Right” de 1689, en Inglaterra, habla de cambios conforme los avances de la vida en democracia.
Ciertamente la inmunidad parlamentaria es necesaria. Sí, es verdad, pero como prerrogativa para que el legislador, como representante del pueblo, en el ejercicio de las funciones de su empleo, emita una opinión, sostenga un debate, otorgue su voto, informe por escrito u oralmente, sea en el recinto parlamentario o fuera del mismo, funcionando en las comisiones o empeñado en debates o votando en ellas o redactando un informe que haya de ser sometido a la Asamblea. Sin embargo el privilegio, si bien ampara en su más amplia extensión la actuación legislativa, no lo ampara en la comisión de algún delito y menos si el parlamentario es sorprendido “in fraganti” perpetrando un hecho contrario a la ley.
El problema está pendiente. La palabra la tiene el Poder Ejecutivo y, por supuesto, la propia opinión pública.