Quienes creían que el Presidente Constitucional, Martín Vizcarra Cornejo estaba solo, viviendo una orfandad política y que en ese episodio de enfrentamiento principista, con la mayoría corrupta del fujimorismo y su furgón de cola aprista y otros tránsfugas, estaba prácticamente obligado a retirarse a sus cuarteles de invierno, tienen ahora la obligación moral y ética, de golpearse el pecho con fuerza, ponerse humildemente de rodillas y pedir perdón al pueblo que, soberano indiscutible de la civilidad, pudo haber creído en sus mentiras, llámese desinformación o falsa verdad.
La disolución del Congreso de la República, que presidia Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón, quien de acuerdo con sus pergaminos de nobleza virreinal, ahora podría llamarse “Pedro el breve”, dado el poco tiempo en que ejerció el mando en el Poder Legislativo, a despecho del afán de los acostumbrados a manipular la información de interés público, viene recibiendo el multitudinario y significativo respaldo de las instituciones tutelares y con ellas la de organizaciones sociales y populares en todo el territorio nacional.
El hecho mismo de la firmeza con que viene actuando desde un inicio el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ratificando su reconocimiento al Presidente Vizcarra, como Jefe Supremo, así como también la inmediata convocatoria del Jurado Nacional de Elecciones, al proceso que se llevará a cabo el 26 de enero del 2020, para que el pueblo elija a sus nuevos representantes ante el Congreso de la República, tienen una especial trascendencia, en circunstancias de crisis de la mayor gravedad, que requiere de medidas ajustadas a la Constitución Política y a las leyes que norman la vida ciudadana del Perú.
Una lectura adecuada y equilibrada del mensaje de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en lo sustantivo señala que corresponde al pueblo soberano, decidir su propio futuro, mediante elecciones limpias y trasparentes, ratifica lo que piensa también en estos momentos la ciudadanía del país. No más elecciones financiadas por dinero de procedencia delincuencial, no más elecciones de personajes involucrados en hechos de corrupción y que, en lugar de tener la sagrada representación popular, deberían de estar hace rato en la prisión, purgando sus delitos. Eso es lo que significa en la forma y en el fondo la recomendación de la OEA.
A estas alturas, en lugar de estar en idas y vueltas, seudo legales, desconociendo la realidad política del país, es hora que “Pedro el breve”, sirva lo mejor de su bodega de piscos y vinos y corrija con sus escasos acompañantes, sobre todo de la señora Bartra Barriga, los daños que viene ocasionando a la vida democrática del país. No se trata de mantenerse en un estado de ebriedad. Las malas borracheras son dañinas, cualquiera que sea la circunstancia. Ojalá que escuche este consejo. Está demostrado que la señora Bartra Barriga no es una experta en derecho constitucional. Ella está sometida a una suerte de titeretismo, de quien durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori, tuvo un desafortunado paso por el Congreso de la República. Por eso, tal es la causa de su fracaso como legisladora y presidenta, nada menos, que de la extinta Comisión de Constitución.
Dado los últimos acontecimientos, mantener la serenidad, trabajar con el nuevo equipo ministerial, acogiendo los anhelos del pueblo en su conjunto, debe ser el norte de la acción de gobierno. Y por lo que se observa, todo indica que llegaremos al próximo 26 de enero, en las mejores condiciones cívicas. Esta es una labor de cuantos formamos parte de la colectividad peruana, la que ha demostrado que no renuncia a su condición social y quiere participar de una manera concreta en la organización de la vida democrática, de los mecanismos de funcionamiento de los poderes del Estado, introduciendo modificaciones y hasta alteraciones profundas de tales mecanismos y de los comportamientos sociales concurrentes.