Ha sucedido lo que se esperaba. De manera equilibrada e imparcial y poniendo en práctica su bien ganado prestigio, la Comisión de Venecia se ha pronunciado oficialmente para señalar que el gobierno del presidente constitucional del Ingeniero Martin Vizcarra, no ha cometido ninguna “infracción constitucional”.
Lo anterior significa que es viable el adelanto de las elecciones, tal como había planteado el Poder Ejecutivo y que en caso fuera denegado se podía hacer cuestión de confianza acerca del tema. La Constitución Política del Perú “no establece ninguna limitación explicita con respecto a los problemas que puedan estar vinculados a una cuestión de confianza”. Tal lo expresado por esa institución consultiva. Más claro ni el agua, como dice el refrán.
¿Quién le aconsejo a Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón, que hiciera llegar esa consulta, en aquellos días cuando ejercía el cargo de presidente del Poder Legislativo? No sabemos, pero podemos suponer que se trata de un mal asesor, de alguien negligente al estudio del derecho comparado o, simplemente, un pésimo amigo. Olaechea Álvarez–Calderón, embriagado de entusiasmo por esa desacreditada barra brava, integrada por fujimoristas, apristas y todo el furgón de cola que le empujaba a caer al precipicio del desacierto, no tuvo capacidad para reflexionar y entender que había que salir de la crisis de gobernabilidad, respetando la voluntad popular que reclama cambios políticos, económicos y sociales y no defendiendo intereses de grupos hartamente involucrados en actos de corrupción y hasta de crimen organizado.
El pronunciamiento oficial, de otro lado, tiene la significación que va más allá de lo que significa la ley constitucional. Ha desbaratado, lo que bien se ha dicho, la campaña política llena de perversidad emprendida contra el presidente constitucional, quien no goza de sus simpatías, porque se ha declarado enemigo abierto de quienes tratan de ocultar sus pasos delincuenciales, al mismo tiempo que sabe sintonizar con el clamor de todo un pueblo que anhela desde hace años las reformas básicas para expresar de manera conjunta “”El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende…”
Este episodio, sin embargo, es una nueva página en la historia política del país, la misma que se continuará escribiendo. Esa labor le corresponde ahora al Tribunal Constitucional, cuyo presidente, Ernesto Blume Fortini, ha expresado en conferencia de prensa que este jueves 17 el pleno de dicha institución revisará la admisión de la demanda competencial por la disolución del Congreso, que como bien se debe recordar, se hizo en concordancia con las facultades previstas en la Constitución Política del Estado.
El Tribunal Constitucional tiene autonomía y tiene, igualmente, responsabilidad ante la ciudadanía peruana. Dicho esto: ¿Qué respuesta dará al recurso presentado por el presidente de la Comisión Permanente a cargo de Pedro Olaechea Álvarez–Calderón? ¿Lo admitirá sabiendo que tal recurso solamente procede cuando existe un Congreso en funciones? Estas son algunas interrogantes que se hacen los ciudadanos, que en su gran mayoría no avalan la pésima actuación de quienes no supieron llevar la representación parlamentaria con dignidad.
A estas alturas de la historia política del país, habría que tener en consideración aquel mensaje lejano de José Ingenieros, quien refiriéndose a los mediocres los identificaba como hombres sin ideales, circunscritos a su órbita, que no tienen la culpa de haber nacido sin dotes excepcionales y, a quienes por tanto, no se les puede exigir que suban las cuestas riscosas de la vida.