Al inicio del nuevo siglo, algunos países de América Latina lograron un milagro: la seguridad ciudadana, por fin, se constituía en una realidad. Se redujeron a niveles sorprendentes los indicadores de criminalidad, de violencia, de accidentes, de todas las formas de delitos. En el caso de Chile, el nivel de seguridad ciudadana alcanzado era superior, como no podía ser de otro modo, a todos los países latinoamericanos, inclusive, a los Estados Unidos de Norteamérica, solo comparable con los estándares de seguridad ciudadana de los países escandinavos. Sin embargo, para la opinión pública, para los ciudadanos chilenos de entonces y los de hoy, la seguridad ciudadana es tema de debate público urgente y de gran preocupación social. Es un problema de prevención y control de la delincuencia que afecta sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la libertad. Una percepción que aparentemente opone la realidad social con la experiencia cotidiana de la gente.
Efectivamente, en las sociedades de hoy el problema de la seguridad ciudadana, para la población en general, no es solo un sinónimo de delincuencia común. Hay en proceso un redimensionamiento semántico que asocia este concepto al reconocimiento de los derechos al trabajo, al uso de los recursos naturales, a la salud, a la educación, la vivienda, a un ambiente saludable, y plantean un complejo proceso de gestión de los riesgos a los que se ven obligados los individuos, las comunidades y la sociedad toda.
Hoy la seguridad ciudadana se ve afectada por una variedad de riesgos y peligros como los ecológicos, los desastres naturales, los riesgos tecnológicos, derivados del empleo de la energía atómica, el transporte masivo, la preservación de alimentos, los productos transgénicos, la vigilancia y control a la vida privada (Vivir en estado de vigilancia, según Castell) y otros. No es desdeñable la influencia de las conductas personales peligrosas como la conducción de automóviles, que genera una alta tasa de mortalidad de infantil, juvenil y de adultos; el tabaquismo, el uso de medicamentos, la automedicación y la adicción a las drogas; finalmente, las conductas delictuales de cualquier género, que implican conductas de riesgo tanto para víctimas como para los victimarios, son factores de transgresión suficientes para configurar la paradoja del mundo actual: hoy tenemos menores peligros para la sociedad, mejor calidad de vida cotidiana, pero mayores riesgos nos amenazan. El miedo se apodera de la ciudadanía y en todas las encuestas se reflejan desconcertantemente una percepción general de inseguridad ciudadana.
El gigante latinoamericano, Brasil, desde hace más de tres décadas, lo ha hecho casi todo para hacer de sus ciudades seguras, saludables, sostenibles. Ha logrado poco. Pero están avanzando en educación y ambiente, en igualdad de género como en la lucha contra el racismo y discriminación. Lo interesante de estos logros, radica en que son resultado de un trabajo desde las organizaciones sociales de base y de los movimientos de la sociedad civil, que impulsaron cambios, primero, desde la oposición política y posteriormente, como actores políticos que llegaron al poder por elección. Sin embargo, las políticas para alcanzar la seguridad pública y ciudadana son hasta hoy esquivas y resistentes al cambio.
En el caso brasileño, a pesar de las frustraciones en materia de seguridad ciudadana, se ha avanzado algo, en la definición del concepto mismo de seguridad ciudadana, diferenciándola de seguridad nacional, en el rol y jurisdicción de las policías, en el aprendizaje de unos estados que replican experiencias exitosas de otros, logrando reducir las tasas de delitos, por ejemplo, los homicidios. Un factor que complica el éxito en las políticas de seguridad pública, son los estados con grandes áreas urbanas metropolitanas y las vastas extensiones rurales, que hacen ineficaz e imposible que las autoridades estatales asuman la responsabilidad y puedan proteger a la población. No se ha podido mantener y menos institucionalizar las iniciativas proactivas e innovadoras y que han demostrado eficacia en el combate al delito, de modo que hoy parece suficiente se apliquen políticas reactivas basadas, con palo y muchas veces con balas.
Hoy las autoridades, después de muchos esfuerzos, intentan generar un nuevo paradigma de seguridad ciudadana, basado estos principios: 1) Prevención del delito más que represión; 2) Responsabilidad de la política de seguridad pública compartida entre los niveles federal, municipal y las jurisdicciones estatales con programas descentralizados; 3) El delito y la violencia son problemas multicausales y multisectoriales y requieren participación de diversos niveles del gobierno, no solo la policía; y 4) Los derechos ciudadanos son fundamentales en todas las políticas de seguridad pública. Sus efectos, están por ver, aunque las estadísticas preocupan.
De la mano del BID y como aliado al gobierno norteamericano, tres presidentes centroamericanos, hace menos de un año, diseñaron un plan conjunto para enfrentar los desafíos de la gobernabilidad, de la seguridad ciudadana y otros aspectos, dándole prioridad al: 1. Desarrollo económico equitativo, enfocado en la juventud; 2. Prevención de la violencia, especialmente la comunitaria; 3. Fortalecimiento de las instituciones civiles, no militares; 4. Combate a la corrupción y promoción de la rendición de cuentas; 5. Compromiso de los gobiernos centroamericanos para apoyar los liderazgos comprometidos con el estado de derecho; 6. participación de la sociedad civil y consenso. Todas, medidas orientadas a la construcción de comunidades sostenibles, seguras y prósperas.
Como vemos, en la región, se formulan programas y medidas para revertir las tendencias dramáticas de la inseguridad ciudadana, si bien hay una exacerbación en la percepción de ella en la sociedad latinoamericana de hoy, en particular de aquellas sociedades con índices menores de transgresión y violencia, es allí donde existe esa sensación de riesgo, de peligro, de incremento de la delictividad, también debido a los cambios de valores, como la “pérdida de las buenas costumbres”, el “resquebrajamiento del principio de autoridad”, los procesos de individuación social (individualismo), la hegemonía cultural mediática y comercial, que quiebran las prácticas, tradiciones y estructuras de solidaridad social y de tolerancia cultural. Y algo que va in crescendo, en varios países, es la legitimación del empleo de la violencia como estrategia de sobrevivencia personal y de justificado instrumento de control social por parte de las comunidades y de las autoridades. La violencia es hoy un modo de alcanzar metas personales (feminicidio), colectivas (“chapa tu choro”) o institucionales (terrorismo, el crimen organizado, el acceso a la propiedad, etc.). No dejamos de lado las propuestas e intereses por privatizar, también, el control social (cárceles, policías, recursos, tecnologías, etc.) y son estos agentes los que promueven la insegurización (vale el neologismo) social, ellos construyen el imaginario colectivo del enemigo interno o externo de la sociedad –el delincuente, el criminal, el psicópata– e instauran la desconfianza hacia los otros o a lo desconocido, con la finalidad de generar una demanda por seguridad y ofrecer productos y servicios para satisfacerla, para “comprar seguridad”: el mercado de la seguridad en acción.
Las percepciones de la población no tienen relación con sus experiencias, son opiniones instaladas desde los medios de comunicación y legitimadas por el estado de insatisfacción social y de frustración cultural en el que viven los sectores urbanos y medios, que se hacen eco de los mensajes alarmistas, sensacionalistas, los recrean y utilizan como crítica al sistema. También hay que agregar que una parte de la población (jóvenes y mujeres) para satisfacer sus necesidades cotidianas y básicas, recurren a estrategias de sobrevivencia –sea transitoria o permanentemente- de carácter ilícitas como comercio informal, prostitución, o prácticas delictivas como la microcomercialización de drogas, hurto, reducidores, y otras criminales, como los secuestros o el sicariato, lo que convierte a la misma sociedad en un factor criminógeno, el contexto como promotor del crimen.
Las ciudades con alto nivel delictivo y de violencia, según algunos informes especializados (como el los del WOLA, y otros) todas, han promovido, diseñado e implementado estrategias de reducción del crimen y la violencia con énfasis en la reversión de la exclusión. Rio, Medellín, Juárez, Tecla, son experiencias vivas y actuales, por lo tanto, acercarse a ellas, es más que interesante para conocer sus conclusiones:
1. Hay que reconocer que la exclusión social, política y económica son el contexto en el que el crimen y la violencia se afianzan.
2. Implementar enfoques integrales requiere compromiso a largo plazo.
3. La articulación de las estrategias de seguridad con los servicios sociales, educativos, de salud y financieros, como la coordinación del gobierno con el sector privado y la sociedad civil, es clave.
4. Mejores resultados se obtienen con la autoridad local, municipal, si es hábil y creativa, marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.
5. La evaluación de la experiencia debe basarse en la evidencia, en las estadísticas, pero no hay modelo de éxito.
6. Monitoreo de las iniciativas de la policía y las fuerzas de seguridad. La participación militar no es conveniente, en las experiencias agravan el statu quo. La policía actúa bajo el principio de emplear el “mínimo de fuerza necesario”, también informa al ciudadano de sus derechos. Investigar las denuncias de abusos policiales, inmediata e imparcialmente.
Los niveles de violencia, como de delictividad, marginalidad, pobreza y exclusión, que afectan a ciertas zonas urbanas (en unas más que en otras) en Latinoamérica son históricas, no episódicas, por ello, requieren tiempo e iniciativas para revertirlos, con la participación de todos.