El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, el informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria y advirtió sobre una creciente presencia del narcotráfico en la política peruana.
El informe, respaldado por 63 congresistas, concluye que la presencia del narcotráfico se acrecienta en el país por la falta de control de los organismos del Estado para enfrentar esta lacra.
Sostiene que está demostrado el interés de las organizaciones del narcotráfico por influir en la política peruana a través de la formación de organizaciones políticas, el financiamiento de campañas electorales, el lavado de dinero y para asegurar la protección policial, fiscal, judicial y política.
.@congresoperu: no podrán postular sentenciados por narcotráfico https://t.co/b4mwXqrDSC pic.twitter.com/YGdo7VtrTx
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Involucrados
Entre los casos analizados se mencionó el de los militantes apristas Miguel Facundo Chinguel, exjefe de Serpost y de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciables, durante el segundo gobierno de Alan García, y el de Gerald Oropeza, acusado por delito de narcotráfico, ambos se encuentran en prisión.
También los casos de Gilmer Horna, gobernador regional de Amazonas; y el de los hermanos Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, el primero de los cuales ocupó la alcaldía de Moyobamba.
El informe indica que se ha podido advertir que las autoridades investigadas han ingresado a la política luego de acumular fortunas considerables que hacen presumir la existencia de desbalance patrimonial. Y que se ha comprobado la existencia de gastos excesivos en las campañas electorales que buscan la compra de votos de los electores.
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La Comisión investigadora, presidida por la legisladora Rosa Mavila, en el informe incluye tres recomendaciones que fueron votados por separado. Se refieren al de la ‘silla vacía’, la separación automática de los candidatos implicados en delitos de narcotráfico y el que le otorga poderes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para levantar el secreto bancario de los investigados.
En los tres casos, las recomendaciones fueron aprobadas por mayoría, pese a las objeciones de la bancada fujimorista. En el caso de la ‘silla vacía’ se propone que sea aplicada al parlamentario sentenciado por narcotráfico en primera instancia.
El informe concluye que dada la vulnerabilidad de los gobiernos regionales y locales es necesario adoptar medidas para impedir la infiltración del narcotráfico en esos organismos. Todo ello en el marco de la debilidad de los organismos de control o su penetración por la corrupción.
Andina
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