El Pleno del Congreso aprobó este jueves por mayoría el proyecto de ley que sanciona a las empresas por delitos de corrupción, que implica el cierre de establecimientos y multas de hasta 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
La iniciativa dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento se aprobó por 73 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.
Según el dictamen, entre las sanciones dispuestas para las empresas, se encuentran multas que ascienden hasta las 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (seis millones 716, 700 soles)
La norma contempla también la inhabilitación por cualquiera de las siguientes modalidades: suspensión de actividades sociales por no más de dos años, suspensión para contratar con el Estado por no más de cinco años, cancelación de licencias, clausura de sus locales y disolución de la empresa.
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— Crónica Viva (@cronica_viva) March 16, 2016
Incorpora además la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el Código Penal; sin embargo, excluye los casos de peculado, colusión, tráfico de influencias.
Según el dispositivo habrá también responsabilidad en las personas naturales que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, con independencia de su naturaleza, del régimen jurídico en que estén y actúen por orden o autorización.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren, consideró la aprobación del proyecto de ley como un “paso importante” para el Perú a fin de pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 35 países más influyentes del mundo.
“Nos va a permitir ser miembros plenos del Comité Anticorrupción de la OCDE que es la puerta de entrada a lo que más adelante será nuestra participación en ese bloque”, indicó.