Por unanimidad el pleno del Congreso aprobó este jueves el proyecto de Ley de control y vigilancia del espacio aéreo, el cual faculta a la Fuerza Aérea derribar las aeronaves bajo “sospecha razonable” de narcotráfico.
El debate, que fue suspendido a las 14:03 horas, se reanudó a las 16:00 horas, con el debate de congresistas de diversas tiendas políticas sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el 9 de marzo del 2015.
El proyecto sustitutorio fue presentado por el presidente de la Comisión de Defensa, Emiliano Apaza , de la bancada Nacionalista- Gana Perú, NGP, en el cual se detalló que, previo a la interceptación de avionetas, el dirigible sospechoso debe asumir la condición de “hostil” en el espacio aéreo peruano.
Para ello, deben cumplirse ciertos criterios como, por ejemplo, que desacate las instrucciones o no seguir las medidas de persuasión ejecutadas por la Fuerza Aérea Peruana, ingresar al espacio aéreo peruano sin autorización y negarse a identificarse, pese a los requerimientos de las autoridades militares o civiles.
De igual forma, se considera hostil a las aeronaves que no respeten los corredores establecidos por las autoridades o sobrevuelen a una altura no menor de 3,000 pies en un radio de 40 millas náuticas, entre otras 18 situaciones.
Asimismo se considera hostil a las aeronaves que no ostenten ningún distintivo ni nacionalidad.
Se precisó en el texto sustitutorio que el procedimiento para la interceptación de avionetas ” incluye identificación, intervención, persuasión y neutralización en forma progresiva y siempre que la medida anterior no tenga éxito”.
Entre las medidas de persuasión se considera obligar al piloto a aterrizar; y el disparo de ráfagas de advertencia, con municiones trazadoras. De no obtenerse respuesta, y como último recurso, se autoriza el disparo de proyectiles con la finalidad de ocasionar daños e impedir la continuación del vuelo.
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El legislador Javier Bedoya (PPC-APP) destacó la importancia de la norma porque “llenaría un vació”, al dotar a las Fuerzas Armadas de un instrumento necesario para la lucha contra el narcotráfico.
Opinión compartida por el vocero de la bancada gobernante Gana Perú, Hugo Carrillo, quien consideró que la iniciativa está suscrita en el marco de los derechos internacionales y en respeto de la defensa de la soberanía nacional.
“No cabe duda que esta iniciativa incide en uno de los aspectos fundamentales en la lucha del tráfico ilícito de drogas encaminadas a detener el proceso de traslado de insumos químicos a la zona de producción, es decir, en este caso a la zona del Vraem”, señaló.
Precisó, sin embargo, que debe existir mayor control en cuanto al origen de las avionetas utilizadas, pues los países que producen estos aparatos deben contar con la información de sus compradores.
A su turno. la presidenta de la comisión que investiga los vínculos del narcotráfico con la política peruana, Rosa Mavila, manifestó la importancia de una futura discusión para establecer responsabilidad penal de los dueños de los terrenos dónde se construyen las pistas de aterrizaje clandestinos usados para los “narcoaviones”.
“Esta estrategia tiene que ver no solo de [la colocación de] dinamita [para destruir) las pistas ilícitas sino simultáneamente abrir proceso penal a los propietarios de esos terrenos porque evidentemente existe una práctica que tiene que ver con el favorecimiento de una actividad delictiva”, remarcó.
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El presidente de la comisión dictaminadora, Emiliano Apaza Condori (NGP), precisó que entre el 16 de mayo y el 16 de agosto de este año se detectaron 222 vuelos irregulares que transportaban, cada uno, con cerca de 350 kilos de drogas. (ECHA- Andina)