GINEBRA.- Reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como “ley mordaza“, o mejorar el trato a los migrantes fueron algunas de las peticiones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lanzó hoy a España en su examen periódico ante este órgano.
En el examen, que cubría el periodo 2015-2019, la delegación española, encabezada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, defendió las mejoras experimentadas por España en materia de derechos humanos y respondió a las peticiones de más de un centenar de miembros de la ONU.
ITALIA, SUIZA O BÉLGICA PIDEN MÁS GARANTÍAS
Entre las recomendaciones destacaron las de delegaciones como la italiana, que pidió a España “garantizar la libre expresión y asamblea e investigar el excesivo uso de la fuerza de medidas de seguridad”, o la de Canadá, cuyo representante sugirió revisar delitos como el de injurias a la Corona.
Suiza aseguró que para España “el pasado franquista continúa siendo un desafío” y recomendó en ese sentido “garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, mientras que pidió la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 “incluyendo protocolos de buenas prácticas a las fuerzas del orden”.
Bélgica y México se expresaron en similares términos sobre las garantías debidas de España al derecho de reunión y manifestación, y Venezuela fue el único Estado que mencionó la cuestión de Cataluña, al pedir que el “nuevo gobierno socialista y de izquierdas” inicie “un diálogo constructivo con el pueblo catalán”.
La migración fue uno de los temas más mencionados por las delegaciones, y en este caso Rusia dijo “lamentar la violación sistemática de los derechos de los migrantes”, y pidió al gobierno español que “deje de utilizar la repatriación forzosa”.
LA INESTABILIDAD POLÍTICA FRENÓ LOS AVANCES
Ante las recomendaciones, Valenzuela señaló que España sigue trabajando por mejorar en la cuestión de las libertades fundamentales con iniciativas como el II Plan de Derechos Humanos actualmente en tramitación.
El secretario de Estado subrayó que éste y otros proyectos se han visto retrasados por la situación política española en el último lustro, con gobiernos en funciones tanto en 2016 como en 2019, aunque se espera retomar estos trabajos una vez constituido ya el nuevo Ejecutivo.
También defendió en la cuestión migratoria que “no hay procesos de repatriación sin el debido proceso” ni “expulsiones sumarias”, y recordó que se prepara un nuevo plan estratégico de ciudadanía e integración “que incorpora como principios inspiradores la igualdad, la interculturalidad y la inclusión”.
Ante la preocupación manifestada por algunas delegaciones nacionales ante el respeto al derecho de reunión y manifestación respondió que “están garantizados por la Constitución y la Ley Orgánica de 1983”, estableciendo plazos muy breves de aviso que en la práctica casi permiten los actos de protesta espontáneos.
Añadió que las fuerzas del orden “sólo pueden actuar cuando la reunión pierde su carácter pacífico y ponga en peligro la integridad física de personas o de cosas”, estando obligada a actuar de forma proporcional y anunciándolo previamente a los manifestantes.
En declaraciones a los medios tras el examen periódico, Valenzuela subrayó que las recomendaciones de los países miembros señalaron “puntos concretos en los que conviene mejorar” pero no indicaron “que se esté en una situación que exija una acción extraordinaria”.
Respecto a la migración, aseguró que “algunas de las cuestiones planteadas responden a una situación que ya esta en fase de resolución”, con medidas tomadas en los últimos dos años.
EL INDEPENDENTISMO, ATENTO AL EXAMEN
El examen periódico, tercero al que se somete España ante el Consejo de Derechos Humanos, fue seguido con atención por el entorno independentista catalán, como probó la asistencia como observadores tanto de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como de representantes de Òmnium Cultural y ANC.
“Ha sido un ejercicio necesario en torno a los derechos humanos que se han vulnerado en la causa general contra el independentismo”, comentó Rovira a los periodistas tras el término de la sesión.
El abogado suizo Olivier Peter, portavoz exterior de Òmnium Cultural, valoró que en el examen “casi veinte estados denunciaron la vulneración de los derechos civiles y políticos en el Estado Español, en particular en referencia con la libertad de reunión pacifica y la libertad de expresión”.
Aunque ninguno de esos estados mencionó directamente Cataluña, Peter aseguró que esas denuncias “están relacionadas con la situación política catalana y la represión contra el movimiento social, en particular el independentista”. EFE
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