Consideran razonable ampliación de muerte civil para corruptos

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La ampliación de la ‘muerte civil’ para los condenados por corrupción que trabajan en el sector público resulta razonablemente positiva, consideró el exprocurador anticorrupción Iván Montoya.

“La ampliación me parece razonablemente bien. No es la panacea para luchar contra la corrupción, pero es una medida que se debe sumar a otras para evitar que sentenciados por corrupción se aprovechen del Estado”, afirmó.

Iván Montoya señaló que lo ideal pasa efectivamente por que quienes tengan una condena por corruptos no vuelvan a entrar a la administración pública, al haber perdido toda confianza y una oportunidad de trabajar en el Estado.

Para el exprocurador anticorrupción, uno de los retos para 2017 es en la puesta en macha de la Autoridad Autónoma de Transparencia y Acceso a la Información, organismo que, dijo, resulta imprescindible en la lucha anticorrupción.

“Un Estado que busca transparentar las acciones de la administración pública para facilitar el control de la ciudadanía, no debe demorar en la implementación de esta autoridad. Ojalá el próximo año se concrete”, agregó Iván Montoya.

El Ejecutivo anunció este jueves la ampliación de la ‘muerte civil’ orientada a garantizar que las personas sentenciadas por corrupción no trabajen en el Estado.

La ministra de justicia, María Soledad Pérez Tello, aseguró que mediante la ‘muerte civil’ se instauró la figura de la inhabilitación perpetua, sin embargo, había una preocupación por la situación de funcionarios corruptos que laboran hoy en la administración pública.

Se ha corregido la norma, resaltó la ministra, con esta medida administrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado los sentenciados por delitos de corrupción, para que sean despedidos, aunque el hecho se haya cometido hace cinco años.

Foto Andina

 

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