“Para entender la verdadera dimensión de la libertad de expresión, hay que asociar dicho principio a la democracia y la ética”, sostuvo Hans Landolt, conductor del programa “Sin Rodeos” y director del Instituto de Defensa Legal, en el foro “El Rol Sociopolítico de la Libertad de Expresión”, organizado en ocasión del 79 aniversario de la ANP.

“Se necesitan reporteros que escriban con contexto. El periodista debe saber que es ese intermediario que permite darle sentido a la dimensión social de la libertad de expresión”, precisó.

Agregó además, al referirse al rol fiscalizador de la prensa, que “todas las personas tienen derecho a fiscalizar de manera efectiva la labor de la administración estatal, de los poderes del Estado en general y de las empresas que prestan servicios públicos”. Para hacerlo, sin embargo precisó “necesitan conocer la información que obra en su poder. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de las personas la información que requieran en forma oportuna y completa. Es responsabilidad gubernamental crear y mantener registros públicos de manera seria y profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud”.

Landolt recordó que “la información pertenece a los ciudadanos. La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno; éste tiene la información sólo en cuanto representante de los ciudadanos. El Estado y las empresas que prestan servicios públicos, están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas y adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para promover el respeto a este derecho y asegurar su reconocimiento y aplicación efectivos”, concluyó.

En otro momento de su intervención, el director del IDL, recordando la escena protagonizada por el ministerio de Vivienda, que “compró publireportajes” e información para publicitar su gestión, sostuvo que “no se puede aceptar que la conducta de comprar periodistas, sea una orientación general del gobierno, pero si el presidente de la República, lo considera una ‘patinadita’, así como antes, otros políticos consideraron como un pecadillo el recibir billete directamente de (Vladimiro) Montesinos, entonces estamos entrando a una situación de deterioro general”.

En su momento, Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad, sostuvo que cuando se habla de libertad de expresión hay un tema que siempre queda ausente y que como periodistas debemos poner sobre la mesa y debatir “el de la corrupción en la prensa”.

“No se puede desvirtuar opinión con ‘mermelada’, es decir, el ciudadano común y corriente, está siendo estafado, porque lo que está comprando en realidad no es información, sino publicidad pagada y solapada”, resaltó.

Adriana León sostuvo, tras recordar los asesinatos de Antonio de la Torre Echandía (Yungay), Alberto Rivera Fernández (Pucallpa) y Miguel Pérez Julca (Jaén), que “los enemigos de la prensa, quienes matan, agreden o amenazan a un periodista deberían entender que si quieren matar a un periodista, para silenciar la investigación o la crítica, tendrán que matar a todos”.

“Es preocupante la situación de la libertad de prensa en el país. A pesar de contar con un gobierno elegido democráticamente, una ley de acceso a la información pública y un franco proceso de descentralización, los datos estadísticos son alarmantes”, sostuvo León recordando las 60 denuncias de agresiones a la prensa hechas por el IPYS en lo que va del año.

En otro momento de su intervención y recordando la campaña de acceso a la información público que promueven, les recordó a los periodistas del auditorio, que el Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y a prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores.

“La conducta de funcionarios que nieguen el acceso a la información o la existencia de legislaciones contrarias a la misma, vulneran este derecho”, concluyó.