Sanciones de hasta seis meses de prestación de servicios comunitarios se aplicarán a los adolescentes mayores de 14 años que, integrando una pandilla perniciosa, atenten contra el patrimonio de terceros o dañen bienes públicos y privados.

Estas penas se establecen en un decreto legislativo, publicado en el diario oficial 'El Peruano', en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo para legislar en materia de terrorismo, narcotráfico y delincuencia organizada.

Asimismo, precisa que, si un adolescente de entre 12 y 14 años causa la muerte o lesiones graves a terceros, o si abusa sexualmente a una menor de edad o discapacitada, se le aplicará las medidas de protección previstas en el Código de los Niños y Adolescentes.

Tratándose de un adolescente de entre 14 y 16 años, se le aplicará la medida socio-educativa de internación no mayor de cuatro años; y no mayor de seis años para aquellos adolescentes de entre 16 y 18 años de edad que incurran en la misma infracción.

El dispositivo legal indica que, si el adolescente mayor de 14 años pertenece a una pandilla perniciosa en condición de cabecilla, líder o jefe, se le aplicará la medida socio-educativa de internación no menor de tres ni mayor de seis años.

Igualmente señala que, cuando un grupo de adolescentes afecte el orden, la paz y/o la tranquilidad pública, generando inseguridad entre la población, la Policía Nacional (PNP) podrá intervenir para dispersarlos y proceder de acuerdo al citado código.

En tanto, el fiscal de familia podrá disponer que se archiven los actuados si considera que la infracción a la ley penal no reviste gravedad y el adolescente hubiere obtenido el perdón del agraviado por habérsele resarcido el daño.

La norma establece como disposición complementaria final que los gobiernos regionales y locales podrán financiar la implementación y ejecución de programas o planes operativos diseñados por el Ministerio de la Mujer, en coordinación con los ministerios de Educación y Salud, la PNP y el Poder Judicial.

El decreto lleva las firmas del mandatario Alan García; del presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo; y de los ministros del Interior, Luis Alva Castro; y de Justicia, María Zavala Valladares.

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