El vocal de la Corte Suprema de Justicia , Robinson Gonzales, presentó sus descargos finales ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en los cuales negó cualquier  irregularidad en la liberación de los hermanos Moisés y Alex Wolfenson.

Alegó haberse ajustado a los parámetros jurídicos al haber ordenado en julio del 2005, siendo titular de la Primera Sala Penal Transitoria, la excarcelación al amparo de la ley que equiparaba el arresto domiciliario con la prisión efectiva, que fue promulgada y luego derogada por el Congreso.

Gonzales Campos expuso por más de una hora sus descargos finales ante el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a fin de evitar ser destituido de la máxima instancia judicial.

El presidente del CNM, Maximiliano Cárdenas sostuvo que dicho magistrado supremo ha hecho uso de su derecho y de informar ante el Pleno las razones de su conducta.

"El vocal ha solicitado que se le absuelva aduciendo que su conducta se ha ajustado a los parámetros jurídicos", anotó.

Asimismo, señaló, el denunciante ex congresista Heriberto Benítez, también tuvo la oportunidad de exponer su acusación en la cual "sostiene que hubo una violación del deber que tiene los magistrados".

Cárdenas manifestó que el CNM le dará prioridad al caso y que probablemente estén resolviendo el próximo jueves la penalidad que le correspondería al magistrado supremo, que podría ser destitución, absolución o una sanción menor.

"Vamos a darle prioridad a la solución de este caso en el marco del debido proceso, porque lo que está en juego son definiciones que oriente al conjunto de los magistrados de cómo deben manejar estos casos", indicó.

Previamente, anotó, la Comisión de Procesos Disciplinarios, que estuvo a cargo de la investigación por más de cuatro meses, deberá presentar su informe final con la recomendación de la sanción.

En la actualidad, Moisés Wolfenson aún se encuentra en prisión, mientras que su hermano Alex obtuvo su libertad en marzo del 2006, luego que el vocal Robinson Gonzales, redujera la pena de cinco años de prisión efectiva a cuatro años de prisión suspendida. (Andina)

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