El ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros planteó al gobierno del presidente Alan García "enviar misiones especiales a los países de América Latina y a las principales potencias mundiales con el sólo propósito de explicar la posición de Perú".

 

El objetivo debe ser "impedir que una campaña de prensa masiva que Chile está iniciando dé imágenes distorsionadas que pueden perjudicar los intereses peruanos", dijo Rodríguez Cuadros.

"No hay que descuidarnos, porque la sobrerreacción de Chile puede formar parte de una estrategia para difundir y buscar una hegemonía de interpretación favorable a sus intereses, que Perú con responsabilidad debe enfrentar con mucha serenidad pero con mucha eficacia", añadió.

Los medios destacan la necesidad de la unidad y cohesión de los peruanos en el tema de la controversia con Chile y resaltan el pronunciamiento del Congreso en la noche del martes, que respaldó en forma unánime al Ejecutivo.

Con votos oficialistas y opositores, el Parlamento aprobó una moción que otorga "su pleno respaldo a la posición adoptada por el Ejecutivo de aprobar y registrar ante las Naciones Unidas la cartografía del dominio marítimo".

El documento legislativo apoya el "conducir esta controversia ante la Corte de Justicia de La Haya en defensa de los derechos soberanos del Perú sobre el mar adyacente a su costa" y consideró que la difusión de la cartografía obedece a una política de Estado.

Entretanto, en Santiago la comisión de Relaciones Exteriores del Senado dio su respaldo al canciller Alejandro Foxley, quien expuso ante los parlamentarios sobre la controversia territorial con Perú.

Perú publicó el domingo en el diario oficial un mapa donde consigna lo que considera su mar territorial y que se superpone en 60 mil km2 con un área que Chile considera de su dominio. Por esa razón Santiago protestó ese mismo día y el lunes llamó a consultas a su embajador en Lima.

Chile sostiene que los límites marítimos quedaron fijados en acuerdos suscritos en 1952 y 1954, pero Perú considera que esos documentos son regulatorios de la actividad pesquera y no pueden ser considerados tratados limítrofes. Afp