El Gobierno español facilitará a las personas que se vean amenazadas o perseguidas por su actividad en defensa de los derechos humanos (DDHH) la salida del país en que trabajan, así como su acogimiento temporal en España.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes las normas que regulan la concesión directa a estas personas de diversas ayudas por estar sujetas a circunstancias excepcionales que no permiten la convocatoria pública,informó el Ejecutivo.

Este Real Decreto, se financiará su desplazamiento hasta España, alojamiento, manutención y atención sociosanitaria, además de otras dotaciones económicas para la cobertura de necesidades básicas.

También se atenderán otros gastos de carácter general necesarios para el desarrollo del programa de ayudas a ciudadanos protegidos o amenazados en el extranjero.

La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores iniciará de oficio este proceso, a partir de las informaciones de las misiones diplomáticas, de las autoridades competentes de otros

Estados, de organizaciones internacionales dedicadas a la promoción o defensa de los derechos
humanos, o de cualquier otra entidad pública o privada suficientemente acreditada.

Este departamento realizará además las actuaciones que considere oportunas para comprobar la
identidad de los afectados, la realidad de su situación de riesgo o amenaza, y la causa de la misma

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