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Fujimori: entre la amnesia y la amnistía
Sábado, 05/01/2008

ImageCon el cuento de la “pacificación” y  al estilo de Vito Corleone se negoció la impunidad.

La inspiración de la “pacificación nacional” y la amnistía le llegó al ex presidente, Alberto Fujimori, casi como inspiración  divina solo después que el hallazgo de las fosas y la identificación de los cadáveres del profesor Hugo Muñoz y los 9 estudiantes de La Cantuta asestaran un duro golpe contra la dictadura al descubrirse la  política de terror de Estado y su brazo armado, el siniestro Grupo Colina.

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En ese entonces las protestas de los deudos arreciaban pero Fujimori indiferente  no atendía al dolor de los deudos y su única obsesión era proteger a los asesinos del Grupo Colina para que no se descubriese el horror de la dictadura… tal como se viene develando en el proceso oral donde sus respuestas forman parte de la opereta tragicómica de los ex dictadores en el banquillo.

ImageDigitada desde Palacio de Gobierno,  la entonces Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien había negado la matanza de La Cantuta en todos los idiomas,  maniobraba desesperada para que el caso fuese ventilado en el fuero militar donde  solo se procesaría a Santiago Martin Rivas y sus sicarios del Grupo Colina, dejando de lado a los mandos militares y, por supuesto, a Fujimori.

Con  la sutileza del elefante en una cristalería,  Colán aprovechó las vacaciones del fiscal titular, Gustavo Quiróz Vallejos, para remover a la reemplazante, Julia Pachas, y colocar a la doctora Isabel Ravinez.

Al enterarse que la fiscal superior, Clever Chávez, se oponía a que el caso fuese trasladado a la justicia castrense, la acusó de enfrentarla con el Congreso inmovilizó los expedientes y nombró a otra magistrada , Nelly Gutiérrez.

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Blanca Nélida Colán
El 25 de agosto de 1993, Colán informó a la comisión investigadora del Congreso que todo lo actuado había pasado al fuero militar, basándose en el argumento de la fiscal, Isabel Ravines, de evitar la duplicidad con las diligencias que realizaba la Sala de Guerra, presidida por el general EP, Jorge Picón Alcalde, el mismo que había echado por tierra las denuncias de su compadre, el general Rodolfo Robles.

El régimen fujimorista era grotescamente predecible con su brazo armado.: el Grupo Colina.

Oferta que no podían rehusar

El escándalo se había internacionalizado y gobierno de Estados Unidos presionaba con el congelamiento de la ayuda militar, por lo que a fines de Octubre, Fujimori declaró al “The New York Times”, que cuatro  oficiales del ejército  eran investigados y, por supuesto, debían ser procesados en el fuero castrense.

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Defendió a los asesinos
-De hallarse responsabilidad en los inculpados (Martín Rivas y el pelotón del Grupo Colina) , éstos serán procesados en el fuero que les corresponda de acuerdo a la ley vigente- declaró el ex mandatario que ahora tiene lagunas mentales.

Paralelamente se le aseguraba a Martin Rivas y sus hombres que saldrían libres con la condición de que no comprometieran al gobierno ni hablaran más de lo debido. Era una oferta difícil de rehusar para los verdugos que estaban hundidos hasta el cuello.

El 16 de diciembre de 1993, el fiscal Cubas Villanueva presentó denuncia penal por asesinato y secuestro contra  Martin Rivas y los miembros del Grupo Colina, Eliseo Pchilingue, Aquilino Portella, Eduardo Sosa, Juan Suppo Sánchez, Juan Sosa, Julio Chuqui, Nelson Carvajal y Hugo Coral, así como al coronel Federico Navarro y  el teniente coronel Manuel Guzmán Calderón.

La condena

El gobierno fujimorista se jugó el todo por el todo y  presionó a la Corte Suprema de Justicia para que admitiera la competencia del fuero castrense en el caso de La Cantuta pero, como sabemos, Montesinos había formado su “coto de caza” tras el autogolpe.

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"Juicio" a Rivas y Grupo Colina
El fuero castrense  inició el 18 de febrero de 1994 el juicio sumario en el cuartel Simón Bolívar de Pueblo Libre, donde Martin Rivas declaró  inicialmente que pasó la madrugada del 18 de julio de 1992, en que se produjo la matanza,  con una muchacha en la Costa Verde pero después, ante un jalòn de orejas,  admitió los hechos y   justificó los operativos criminales en aras de la pacificación nacional.

-Se está bajando la moral  a nuestras Fuerzas Armadas, señor presidente. Necesitamos un país digno y pacificado pero no nos dejan. Esto, señor presidente, no nos llama la atención, cosas como éstas ya se han repetido en otros países. Cuando termine la guerra revolucionaria, cuando haya acabado, vendrá la última fase, la que estará contra aquellos que ganaron la guerra. Tenemos el caso palpable de Argentina donde militares dignos en este momento purgan cadena perpetua, eso es el colmo- exclamó el mayor asesino.

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Carlos Pichilingue
A los tres días, el tribunal militar condenó con 20 años de prisión a los mayores EP Martin Rivas y Eliseo Pichilingue, como jefes del Grupo Colina, mientras que el técnico Pedro Guillermo Suppo y los suboficiales Julio Chuqui, Jesús Sosa y Nelson Carbajal, fueron sentenciados a 15 años.

Los nombres de Eduardo Sosa Dávila y Hugo Coral fueron cambiados para que fuesen exculpados , bajo el pretexto de que no pertenecían a la institución. Al general Juan Rivero se le condenó a 5 años de prisión y al comandante Federico Navarro, 4 años.

La “condena” solo  tenía como objetivo demostrar que la matanza no fue autorizada ni ordenada por el comando del Ejército, el Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, ni el Servicio de Inteligencia del Ejército. Una lavada de las manos al estilo Poncio Pilatos súper star. 

Rivas y Pichilingue aceptaron su “condena” por que se les había prometido su libertad. Era un treque al estilo de don Vito Corleone.

La rebelión

Los entonces mayores EP Santiago Martin Rivas y Eliseo Pichilingue, jefes operativo y administrativo del escuadrón de la muerte, aceptaron la condena de 20 años de prisión y pidieron calma a sus cómplices, seguros de que serían finalmente rescatados por sus jefes.

Años después, Rivas confiaría al periodista Umberto Jara, que el Grupo Colina no actuó por su cuenta porque en ese caso no habría sido nada difícil que Montesinos los encerrara para luego “desaparecerlos”, como se estilaba durante el fujimorato.
 

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Jugando en pared
El triunvirato Fujimori- Montesinos. Hermoza prometió a los criminales que se promulgaría la Ley de Amnistía antes de junio de 1995, pero luego el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), general Juan Rivero Lazo, les comunicó que se  postergaría.

La respuesta  hizo saltar a los integrantes del Grupo Colina que amenazaron “con hablar” seguros de que esta vez no podían “desaparecerlos” del cuartel Simnón Bolívar de Pueblo Libre.

La mafia les alcanzó el proyecto de ley de “amnistía”  para calmar a los mastines de la dictadura fujimorista.

ImageEl 9 de abril de 1995 Fujimori, ganador de las elecciones presidenciales, vio enturbiado su horizonte político  cuando  la fiscal Ana Cecilia Magallanes denunció penalmente al jefe del SIN, general EP, Julio Salazar Monroe así como a Martin Rivas, Nelson Carvajal, Jesus Sosa Grande y Hugo Coral Goycochea, por la matanza de la Cantuta.

El Consejo de Justicia Militar planteó contienda de competencia pero la jueza Antonia Saquicuray rechazó toda injerencia castrense enfrentándose a la dictadura y la cúpula militar.

En esos momentos es que la dictadura puso en marcha la Operación Amnistía.

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