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| Jueza Saquicuray rechazó amnistía |
| Lunes, 07/01/2008 | ||||||
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En una de las páginas más ignominiosas de nuestra historia republicana, el entonces presidente, Alberto Fujimori, se apresuraba en promulgar la Ley de Amnistía aprobada en la madrugada del 13 de junio de 1995, para liberar a los agentes del Grupo Colina, condenados en fuero castrense por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.  Su ley de Amnistía era cuestionada Fujimori respaldaba abiertamente la medida. La dictadura había “cumplido” con los asesinos al más puro estilo gangsteri tratando de que la "guerra sucia" quedara en el olvido, pisoteando el dolor de los familiares de los ejecutados y los derechos humanos. Al regresar de Buenos Aires, “beneficiado con la amnistía”, el general Rodolfo Robles declaró:”….hubiera preferido que los criminales de La Cantuta continúen en la cárcel cumpliendo su condena, aún a costa del sacrificio de otros oficiales en el exilio”. Bofetada a la dictadura La alegría de la corrupta cúpula militar, Fujimori y Montesinos duró poco tiemoi. En las primeras horas de la mañana del lunes 19, el general Hugo Pow Sang, auditor del Consejo Supremo de Justicia Militar, fue informado de la visita de José Camacho, secretario de la jueza Antonia Saquicuray Sánchez, encargada del caso Barrios Altos.  Jueza Antonia Saquicuray “…es necesario advertir que ésta resulta incompatible con las normas constitucionales y tratados internacionales ya citados, toda vez que conforme al artículo primero, punto uno de la Convención Americana, se establece que los estados parte, entre ellos el Perú, tienen la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos y de castigar a los responsables”, señalaba la jueza Saquicuray.  Fiscal Ana Cecilia Magallanes El viernes 16, el día en que entraba en vigor la ley de amnistía, la jueza Antonia Saquicuray había emitido la resolución declarándola inaplicable para el caso de Barrios Altos, previo informe de la fiscal Ana Magallanes, que coincidía con ese dictamen. No había nada que discutir, legalmente. La maquinaria judicial La noticia corrió como reguero de pólvora hasta Palacio de Gobierno, el Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, y la alharaquienta mayoría oficialista geisha del Congreso. Martha Chávez, Gilberto Siura y todos los seguidores de la dictadura elevaron sus ojos suplicantes a sus guías y maestros: Fujimori y Montesinos.  Fujimori y Hermoza Ríos en ayuda del Grupo Colina La magistrada no cedió un milímetro en su posición. Rodríguez Medrano estaba más que desesperado por cumplir las órdenes de la dictadura y trató inutilmente de que se retractara. Juntos fueron al despacho del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Moisés Pantoja, en el segundo piso del Palacio de Justicia. La jueza explicó detalladamente las motivaciones que había tenido para declarar inaplicable la ley 26479, la primacía de la Constitución y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la ley.  Matanza de Barrios Altos Para fundamentar su resolución de declaración de inaplicabilidad, la magistrada realizó una labor de interpretación de la Ley N° 26479 a la luz de diversas disposiciones constitucionales y de instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos.  Montesinos y Rodríguez Medrano Era el primer campanazo de la civilidad, de los magistrados honestos contra la mega corrupción que iimplantaba el triunvirato Fujimori- Montesinos- Hermoza Ríos. La fiscal que tapaba todo A las 9.40 de la noche del mismo lunes, la fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán ofreció una amenazante conferencia de prensa para acusar de prevaricato a la jueza Saquicuray, y salir en defensa abierta de la amnistía de los asesinos del Grupo Colina. Es decir, la representante del Ministerio Público oficiando de defensora de quiénes habían asesinado en nombre de una no declarada política de terror de Estado. -La matanza de Barrios Altos es un caso cerrado y si la juez intenta reabrirlo, incurrirá en delito de prevaricato. No se trata de que me agrade o no, la ley ya está dada, por lo tanto, todo está terminado. Estamos en un estado de Derecho y las leyes se tienen que respetar- exclamó suelta de huesos.  La conferencia de Colán En esa oportunidad el Organo de Control Interno del Poder Judicial hizo una investigación que concluyó el 31 de mayo exculpando a la jueza y señalando que Colán había interferido en las decisiones de un poder del Estado. Por esa razón se la caricaturizaba como la integrante del seleccionado de fútbol en el puesto de "arquera". Su virtud era "tapar todo". Pero obediente a las ordenes digitadas desde Palacio de Gobierno, la ahora encarcelada Colán pidió un informe escrito a la fiscal Magallanes, para que explique por qué hizo la denuncia y cuáles son sus motivos para rechazar la ley de amnistía. No a las presiones La jueza Antonia Saquicuray y la fiscal Magallanes no cedieron a las presiones ni amenazas. El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis García Villena, les expresó la solidaridad del gremio y el apoyo por su decisión mientras el escándalo remecía a la dictadura.  Pero la verdad se abrió paso Los asesinos libres se unieron a la campaña de amedrentamiento y , poco después, en el patio de la vieja casona del jirón Huanta, donde se perpetró la masacre, apareció una macabra advertenciua: “los vamos a matar a todos”. Nada podía detener la voz de protesta de las organizaciones populares, sindicatos, la Iglesia y colegios profesionales. El 23 de junio una multitudinaria manifestación recorrió las calles limeñas y, al pasar por la sede de la Fiscalía de la Nación, en la avenida Abancay, se escuchó un estribillo esclarecedor: “!Nélida Colán, vergüenza nacional!...!Nélida Colán, vergüenza nacional!”. El ex presidente, Alberto Fujimori, quien ahora declara no conocer al Grupo Colina, ordenó una nueva aberración jurìdica para defender a los asesinos, esta vez sin pudor ni recato. A lo bestia, como diría La Gaga. Escribir Comentario
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