La opinión pública no tiene el mejor de los conceptos sobre la administración de justicia en el Perú. Muchos piensan que para poner al Poder Judicial a la altura de su misión debería aplicarse una reforma estructural que conlleve a un concurso generalizado de nuevos jueces, fiscales y magistrados, a la capacitación y evaluación obligatoria de manera permanente, a la promoción interna por meritocracia rigurosa, a la asignación de mayor presupuesto y de mejores remuneraciones a sus trabajadores.

Los problemas de ayer y de hoy

Son viejos problemas del Poder Judicial la acumulación de expedientes no procesados, las acciones de control inconclusas, la superficialidad en las acciones de control, la inadecuada infraestructura en oficinas pequeñas y separadas, la desatención a los expedientes de quejas, la falta de ampliación de la cobertura judicial y la baja calidad de atención a los litigantes.

También la dilación en la ventilación de las causas, la falta de profesionalización y de capacitación técnica de los trabajadores y funcionarios, la superposición de funciones jurisdiccionales y administrativas, la falta de incremento del ratio Juez/Fiscal por habitante, la falta de descentralización de la administración de justicia hacia los puntos más alejados y deprimidos del territorio nacional, el crecimiento de inculpados, el incremento de audiencias frustradas, la carencia de una cultura de ética y moral, entre otros.

Hay serias limitaciones en el acceso a los servicios del sistema de administración de justicia, hay escasa sistematización de la jurisprudencia constitucional, el Colegio de Abogados aún no cumple a cabalidad su función deontológica de control de la ética de la profesión de abogado.

Y si tratáramos de enumerar todos los problemas identificados, como producto de la pésima y vergonzante administración de justicia en el Perú, requeriríamos de mucho tiempo y espacio, pero por respeto al valioso tiempo de nuestros lectores no lo hacemos ahora.

El Poder Judicial que necesitamos

El éxito en la gestión judicial pasa por la prestación de un servicio de justicia eficaz, óptimo, oportuno y descentralizado, que otorgue credibilidad a la administración de justicia y seguridad jurídica a la institucionalidad del país.

Necesitamos un Poder Judicial autónomo, incorruptible, que haga cumplir las leyes, que imponga las medidas disciplinarias de apercibimiento, multa y/o suspensión, separación y destitución a los malos trabajadores, funcionarios jueces, fiscales y magistrados.

Necesitamos un Poder Judicial que preste un servicio integrado, de calidad al menor costo posible, que luche frontalmente contra la corrupción e inmoralidad administrativa, contra el narcotráfico y el terrorismo, sin miramiento alguno.

Que no se diga que en el país hay dos clases de litigantes y que los dos siempre ganan, porque los dos tienen poder: el uno porque “manifiesta” (poder persuasivo) y el otro porque “demuestra” (poder del dinero), litigantes que actúan como agentes corruptores del Poder Judicial.

Necesitamos un Poder Judicial más cercano al ciudadano, ágil, confiable, transparente, eficiente y con vocación de servicio a las mayorías nacionales, Poder Judicial con espíritu de decencia y docencia pedagógica, con sensibilidad a los valores democráticos y los derechos humanos, promotor del cambio en las instituciones de justicia.

El Perú no se merece contar con jueces, fiscales y magistrados  venidos de otros mundos y que se hallan comprometidos con grupos de poder económico y político, que convierten a la institución en un medio de venganza para amordazar y perseguir a los opositores políticos del régimen imperante, que expiden sentencias sin las suficientes pruebas instrumentales, que originan condenas y prisiones injustas, que mantienen grandes signos exteriores de riqueza y que no guardan relación con los ingresos que perciben.