Ahora el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será notificado por el Poder Judicial para que convoque a referéndum. De no hacerlo el JNE estaría generando un precedente negativo, un conflicto de poderes, lo cual sería muy lamentable y censurable.
El presidente del TC, César Landa, señaló que si bien el TC reconoció el derecho de los fonavistas a realizar un referéndum, ello no impide la participación de los poderes públicos para encontrar una solución más funcional y expeditiva sobre el asunto, evitando con ello todo un proceso de debate y consulta popular. Aclaró que la devolución de los aportes no tiene por qué afectar la estabilidad política ni la caja fiscal.
En su nueva sentencia sobre el Expediente N° 5180-2007-PA/TC, el TC estableció que se puede recurrir a las devoluciones a través de bonos, materiales de construcción, programas sociales de vivienda a favor de los aportantes, que no hayan satisfecho sus expectativas de vivienda, pudiendo deducirse del monto aportado a dicho Fondo o a aquellos que, dadas las circunstancias, hubieran concretado su derecho a la vivienda digna.

En bueno recordar que el Proyecto de Ley Fonavista establece ocho formas de devolución: devoluciones en vivienda de interés social, en terrenos organizados de interés social, en efectivo, en bonos, en pagos compensatorios de deudas contraídas por ser fonavistas, en acciones, en compensaciones para pago de obligaciones y deudas tributarias y en materiales de construcción.
Sobre el caso se pronunciaron expertos en la materia, líderes políticos y congresistas, coincidiendo en la obligación y responsabilidad que tiene el Estado de devolver dichos aportes que no cumplieron su cometido: proporcionar una vivienda propia a los aportantes.
El legislador aprista Javier Valle Riestra consideró que el Estado cometió un latrocinio en agravio de los fonavistas y está obligado a reintegrar de alguna forma el dinero a quienes fueron despojados luego de contribuir para nada durante tantos años.
La presidenta de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano, como solución directa del problema propuso la formación de una comisión integrada por representantes del Ejecutivo, Legislativo y los fonavistas, para encontrar una solución a las demandas sobre la devolución de los aportes del Fonavi. Precisó que, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dicha comisión debería elaborar un proyecto de ley que defina las cosas, de modo tal que el referéndum sería innecesario.
Al respecto debo expresar que ir a referéndum sería politizar el caso y crear un funesto precedente para ulteriores reclamaciones o demandas contra el Estado.
Y una propuesta concreta y viable sería que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el representante de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFP) trataran de encontrar una solución conjunta e inmediata y no seguir permitiendo que el Tribunal Constitucional esté asumiendo funciones de “una suerte de senado o cámara alta” que no es de su competencia y menos aún de que sea una instancia superior al Jurado Nacional de Elecciones, porque entonces se estaría propiciando el enfrentamiento gratuito entre poderes del Estado, con desencuentros y consecuencias negativas para el Estado de Derecho, la democracia y el futuro el país.
Mientras tanto el representante de la ANFP, Andrés Alcántara, anunció que el 25 de enero del año en curso harán un mitin en la plaza San Martín, para celebrar el nuevo fallo del TC que reitera la validez de su primera sentencia sobre el caso Fonavi.