De un tiempo a esta parte preocupa a la población los incontenibles actos de corrupción e inmoralidad que ocurren en el país. Dentro de la serie de actos de esta naturaleza cabe mencionar las “coimisiones”, el transporte de droga por diversos medios, el nepotismo, el acoso sexual, el enriquecimiento ilícito, los lobbys para rechazar o aprobar algunas iniciativas legislativas, el transfuguismo político a cambio de dinero para pertenecer a otro partido; el cobro de remuneraciones con documentos falsos, la expedición de títulos profesionales falsos, el allanamiento de domicilios con falsos fiscales, la inscripción de partidos políticos con firmas falsas y así por el estilo.
Comisiones investigadoras
Tratando de combatir este mal social, ya es tradición, se forman comisiones investigadoras y se efectúan denuncias ante los poderes del Estado. Algunos llegan a feliz término, otras se quedan en el camino esperando mejores tiempos. Si se hiciera un seguimiento por sus resultados, habría muchas sorpresas. Esto explica el por qué dichas comisiones van perdiendo credibilidad en la población. Así el mal endémico se convierte en un mal de nunca terminar.
El justo paga por los pecadores
Lo curioso es que el denunciante, dentro del proceso, deviene en denunciado, y para salir libre de toda culpa y responsabilidad tiene que probar que es inocente de los actos supuestamente cometidos. Desde mis años mozos, escucho decir que en el Perú gana la justicia el que tiene poder económico; el pobrecito llena las cárceles y cumple su condena; el justo paga por los pecadores, mientras que el poderoso económicamente sale libre.
Consecuencias
Nadie se ocuparía de estos actos si no entrañaran funestas consecuencias, como por ejemplo: retardan la recta administración de justicia y encarecen los bienes y servicios de su administración; crean inestabilidad política; generan daño moral irreparable al premiar lo ilícito y castigar lo honesto; promueven en la población la percepción de un gobierno democrático inservible; desprestigian el Estado de Derecho y la dignidad de las personas; convierten a los trabajadores, empleados y funcionarios de mala ley en pagadores de “coimas” antes que en eficientes productores de bienes y servicios.
Y no sólo eso. Contribuyen a tener un país con miseria, descontento social e injusticia, en el que no se respeta ni cumple las normas jurídicas y normas éticas; un país con personas irresponsables y deshonestas; un país que permite el arreglo por debajo de la mesa y que calla ante el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias.
Acción moralizadora
Basta ya que se siga diciendo que somos un país donde todo se amanza, apaga, tuerce y larva, como producto del accionar libre de defraudadores, malversadores, coimeros, prevaricadores, mafiosos y malhechores asociados al narcotráfico, al contrabando y al terrorismo.
Basta ya de la ley del embudo en materia de impuestos: lo ancho para el capitalista, lo angosto para el pueblo, y en el que paga más impuesto el que recibe menores ingresos y paga menos impuestos quien percibe mayores ingresos.
No más promotores de la corrupción e inmoralidad que hacen “política” sobre la base de mentiras, sobornos, presiones, amenazas y chantajes.
Considero que sólo una profunda e irreversible política de moralización a fondo en el Perú hará posible el surgimiento de una sociedad mejor. Pero una moralización a fondo, sin contemplaciones, engreimientos ni disimulos, sin complicidades, tolerancias, debi9lidades ni compadrazgos. Moralización con ponderación, con pruebas fidedignas y confiables y no con meras insinuaciones o alusiones. Moralización completa, responsable y técnica, con respeto a la verdad, a la dignidad de las personas y a la buena imagen de las instituciones.
En esta acción moralizadora deberán participar con mayor interés y dedicación fundamentalmente los poderes del Estado, dirigentes y políticos, representantes de las organizaciones sindicales, empresarios, educadores y medios de comunicación social. Sólo así el problema formaría parte de una agenda política de Estado y no de los gobiernos de turno.
La moralización de un país es condición primera para su crecimiento, desarrollo y progreso, es la garantía para el buen uso de los fondos del tesoro público y para el ingreso de inversiones extranjeras.
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