En el país existen 83 establecimientos penitenciarios que albergan a más de 32 mil internos e internas, pero su capacidad total es de 20 mil, teniendo una sobrepoblación de 12 mil personas. He aquí el gran problema.

Del total de la población penal, el 93 % son varones y el 7 % mujeres La población juvenil de 18 a 29 años de edad, que es la más numerosa, representa el 48 por ciento de la población penal. Hay 161 madres que conviven en las cárceles con sus menores hijos.

Se dice que el actual sistema judicial no responde de manera eficaz a la problemática de los internos e internas, toda vez que la gran mayoría, el 70 por ciento, se encuentra en calidad de procesada, es decir sin determinar la responsabilidad frente al hecho que dio lugar al encarcelamiento.

Hay más de 700 personas extranjeras en prisión, proveniente de España, Colombia,. Bolivia y Sudáfrica y que se encuentran recluidos en los penales Sarita Colonia (Callao) y Santa Mónica (Chorrillos).

Los resultados del tratamiento en el penal de reeducación y re-socialización no han sido favorables debido a los insuficientes recursos materiales, presupuestales y del personal profesional competente.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cuenta con insuficiente personal,  aproximadamente  son 4,900 trabajadores, de los cuales 2,600 prestan servicios de seguridad y el resto realiza labores administrativas y de tratamiento profesional. Y qué decir de las bajas remuneraciones de los empleados, la poca capacitación especializada y la falta de incentivos adecuados.

La Ministra de Justicia y los reclusos

Después de una visita inopinada en el penal Sarita Colonia del Callao, la actual ministra de Justicia, Rosario Fernández, exigió de manera enérgica al Poder Judicial a cumplir con celeridad los plazos de los procesos judiciales de los internos que se encuentran hacinados en los centros penitenciarios del país.

“Por favor, resuelvan los procesos, cumplan los plazos, los procesados tienen tiempo, años esperando la solución de sus sentencias. Por favor, sensibilidad social, no podemos continuar siendo tan insensibles, esta es una situación que verdaderamente causa indignación (por lo) que significan estas demoras”.

La ministra Fernández dijo sentirse “indignada” y muy preocupada ante las situaciones extremas en la que viven los presos: “Estoy indignada de ver cómo hay una indiferencia e insensibilidad en los penales que lleva a situaciones extremas en las cuales los procesados están internados meses de meses sin ver solucionar sus casos, eso provoca situaciones inaceptables. Es una situación absolutamente preocupante. Voy a seguir caminando firmemente, existe una responsabilidad legal, pero también moral”.

La respuesta del Estado

Ante la situación descrita, la respuesta del Estado no es satisfactoria hasta la fecha, no obstante a los pequeños cambios realizados y la promulgación de algunas normas jurídicas.

El Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario no se cumple a cabalidad, principalmente en materia de infraestructura (construcción de cárceles) y seguridad, como tampoco se cumple plenamente el Reglamento del Código de Ejecución Penal

En las dos últimas décadas se dieron leyes de emergencia que contravinieron derechos constitucionales, se incrementaron la penalidad, se restringieron los beneficios penitenciarios, se mejoraron relativamente las condiciones de vida al interior de las cárceles y las relaciones con los sectores involucrados en el sistema penal y penitenciario.

El presidente de la República Alan García Pérez, en su mensaje a la Nación del 28 de julio de 2007, reveló lo siguiente: “Para mejorar el aspecto penitenciario se iniciará la construcción de los penales Piedras Gordas II para dos mil 500 internos y la nueva etapa del penal de Aucallama para dos mil internos más, proyectos que están financiados y presupuestados. Y se ha concluido el mejoramiento de los sistemas de agua para los pabellones de los centros penitenciarios de Lurigancho y Castro Castro, y los servicios de salud para el control de la tuberculosis en 11 penales del país. Y se ha contratado a 400 nuevos agentes penitenciarios”.

Hay mucho por hacer

Sin embargo lo poco realizado no es suficiente para erradicar el problema. Subsiste aún la deficiente infraestructura, el presupuesto insuficiente, la falta de personal especializado y de mayores servicios básicos para la población penal, el estado de corrupción en los establecimientos penales, la falta de humanización y de aplicación permanente e íntegra de una política penitenciaria diferenciada, entre otros.

La población mantiene vívida su fe y esperanza para que al término del periodo gubernamental de Alan García (2011) se solucione el problema penitenciario en el Perú.