Frente a quienes piensan que hay un exceso de creación de universidades públicas y privadas (1960: 9 universidades; 1965: 25; 1980:35; 1990: 52; 2,000: 78; 2002:80; 2006:84) y que con las universidades existentes la demanda de educación superior está totalmente cubierta y por tanto no debería crearse ni una más, considero particularmente que tales apreciaciones pecan de desinformación o tratan de encubrir intereses creados con determinadas universidades a fin de limitar o evitar la competencia dentro de un libre mercado.
Si hablamos en términos de satisfacción de la demanda educativa, históricamente en el Perú, del total de estudiantes que postulan a las universidades públicas y privadas sólo logran ingresar un promedio de 28 por ciento, quedando el 72 por ciento de postulantes sin posibilidades de seguir estudios de profesionalización universitaria.
Del total de los postulantes referidos, corresponden a las universidades públicas el 75 por ciento y sólo el 25 por ciento a las universidades privadas, no obstante que al 2006 las universidades privadas cuantitativamente (50) han logrado superar a las universidades públicas.
Lo que significa que aún no se ha producido la democratización en el acceso a las universidades. Reducido porcentaje de estudiantes tienen la oportunidad y el privilegio de labrarse una profesión universitaria, mientras que la mayoría de los jóvenes cada año realizan esfuerzos para tentar por una vacante.
Y esto se explica no por el número de universidades que se crean sino porque la oferta de ingreso al servicio educativo es mínima frente a la gran demanda de postulantes.
La limitación de la oferta de ingreso a las universidades se debe a varios factores. Uno de ellos es el reducido cupo de ingreso en las carreras profesionales, especialmente de las universidades públicas, a las cuales postulan preferentemente los estudiantes de escasos recursos económicos y que son la mayoría en el país.
Otro factor es el exagerado grado de dificultad de las pruebas para el examen de ingreso a las universidades públicas, que se hace sólo con el objeto de cubrir únicamente el limitado número de vacantes, dado a que cuentan con insuficiente presupuesto asignado por el Estado.
Y si el Estado no está en condiciones económicas para atender la demanda de ingreso a las universidades, la suspensión por un tiempo de la creación de nuevas universidades no solucionaría el problema de la demanda, por el contrario la embalsaría y agudizaría, postergándose una vez más las justas aspiraciones profesionales de la juventud peruana, en la era de la sociedad del conocimiento.
Frente a esta situación cabe lo siguiente. O el Estado provee mayores recursos presupuestales a las universidades públicas para duplicar cuando menos sus cupos de ingreso o tendría que seguir manteniendo las puertas legales para la creación de nuevas universidades privadas para atender la demanda embalsada e insatisfecha.
No debe olvidarse que en un mundo globalizado el mercado es el que pone las condiciones, y el Estado implementa los mecanismos legales de supervisión y exigencia de calidad en el servicio educativo a través de organismos especializados.
Las nuevas universidades y las antiguas tendrán que competir entre ellas, tendrán que esmerarse por ser las mejores en la prestación de los servicios educativos para poder tener éxito y mantenerse en el mercado. Si no lo hacen estarían condenadas a perecer.
Inclusive se podría plantear el libre ingreso a las universidades privadas, en la medida que éstas cuenten con la capacidad instalada suficiente, personal docente A1, laboratorios, bibliotecas virtuales, equipos de última generación, etc., para garantizar un eficiente servicio educativo. Una vez iniciado el semestre académico se opta por la máxima exigencia académica y se exige el máximo rendimiento a los estudiantes en cada una de sus carreras profesionales, como ya viene ocurriendo en otras universidades del mundo desarrollado
La solución al problema no pasa, entonces, por suspender durante varios años la creación de nuevas universidades privadas, sino en aplicar mecanismos de supervisión y evaluación de la calidad educativa. Y para esta acción ya existen la ANR, el CONAFU, el SINEASE que con mayor celo, dedicación, responsabilidad, integridad moral e idoneidad profesional cumplirían un adecuado rol en bien de la educación superior universitaria.
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