Con el objeto de analizar la situación de las empresas de radiodifusión en el Perú  y plantear alternativas de solución a sus problemas se desarrolló el Primer Encuentro Nacional de Radiodifusores, en la ciudad de Lima, el 18 de febrero último y en el auditorio Raúl Porras Barrenechea del palacio legislativo.

El evento, organizado por los congresistas de la República José Urquizo Magia y Susana Vilca Achata, de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, contó con la participación de los propietarios de las radioemisoras principalmente de provincias.

En dicho encuentro se abordó la situación de las pequeñas empresas de radiodifusión en el Perú, los alcances de los proyectos de ley Nº 1646-JUM/CR y 2008/2007-CR, los desafíos y las propuestas de solución a la problemática de los radiodifusores.

Las iniciativas legislativas buscan restituir la vigencia de autorización de operación de las estaciones de radiodifusión que fueron canceladas su autorización de funcionamiento, extinguidas o dejadas sin efecto, en aplicación de las causales previstas en el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones.

Se explicó que según el Reglamento las causales eran no solicitar la renovación de licencia de funcionamiento, no instalar la operatividad de la radioemisora dentro del plazo establecido y no cumplir con los pagos por  renovación de licencia.

Radioemisoras informales

Los propietarios de los medios señalaron que más de 800 radioemisoras  vienen funcionando en el país de manera informal o ilegal, de los cuales más de la mitad pertenecen a emisoras de frecuencia modulada.

Y el elevado número de radios piratas se debe a que esta modalidad de operación significa utilidad líquida para los propietarios que se ponen al margen de la ley, por cuanto no pagan impuestos, no reconocen los derechos de autor por los contenidos que difunden, no protegen los derechos de estabilidad de sus trabajadores y contratan a personal empírico que fungen de periodistas improvisando sus programaciones diarias.

Además usan el espacio radioeléctrico, que pertenece a todos los peruanos, sin pagar un solo centavo al Estado, ante la vista y paciencia de las autoridades del MTC y todavía con perjuicio económico para las radioemisoras formales.

Críticas a los funcionarios del MTC

En el intercambio de ideas y experiencias se reveló que algunos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones vienen vulnerando los intereses de la mayoría de los radiodifusores, sobre todo de aquellos que atraviesan precaria situación económico-financiera como producto del cierre de sus empresas o la suspensión de las licencias de funcionamiento.

Expresaron que los funcionarios del ministerio de Transportes y Comunicaciones interpretan las leyes a su manera, favoreciendo a los de Lima y perjudicando a los de provincias.

Denunciaron la existencia de discriminación, privilegio a las emisoras de Lima, abuso de autoridad con la imposición de multas de 8 a 30 UITs y la realización de cobranzas coactivas, excesiva dilación en la  evaluación de los proyectos y expedientes, retención de la devolución de las señales a radioemisoras que cumplieron con los requisitos de ley.

Enfatizaron que los funcionarios del MTC se dedican a regular el aspecto técnico pero no los contenidos, están para cerrar las radioemisoras por cosas nimias,  actúan con favor político en el otorgamiento de las licencias, ponen trabas en el trámite administrativo y no disponen de un plan nacional de frecuencias que permita determinar el número total de radios operando y el número de espacios que se pueden conferir.

Desafíos y respuestas

Precisaron que en los diferentes departamentos hay una invasión del espectro radioeléctrico de provincias por parte de las emisoras de Lima, hecho que genera una competencia desleal y pone en peligro la continuidad de funcionamiento de muchas pequeñas y medianas radioemisoras.

Dijeron que los municipios cobran cifras exorbitantes por licencia para funcionamiento de una radioemisora, y pusieron el caso de Andahuaylas donde cobran hasta 4 mil nuevos soles.

Ante la pregunta ¿por qué las radioemisoras no pueden cumplir puntualmente con sus obligaciones económicas con el Estado? La respuesta fue unánime: Porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones da carta abierta a las empresas informales, las mismas que al difundir avisos a bajo costo hacen competencia desleal a las radioemisoras formales; también porque la publicidad del Estado llega sólo a los grandes medios y casi nada a las radiodifusoras de provincias.

Luego de un amplio debate los participantes convinieron en formar la Asociación Nacional de Radiodifusores del Perú y solicitar a los congresistas la presentación de un proyecto de ley declarando en reorganización el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.