El presidente del gobierno regional de Puno, Hernán Fuentes, expresó últimamente su deseo de independizar a su región del Perú y constituir una especie de estado federal.

Esta declaración causó seria preocupación e inmediato rechazo por las autoridades del poder ejecutivo y los congresistas de la República, habiendo sido calificada de absurda, separatista, desestabilizadora del gobierno, y que sería pasible de una pena privativa no menor de 15 años de cárcel.

No les falta razón a quienes piensan así. El artículo 325 del Código Penal señala: “el que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera o hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa no menor de 15 años”.

Por otra parte, se sindica a Fuentes de mantener vinculaciones políticas con  grupos radicales, particularmente con el dirigente boliviano llamado “Mallki”, con el objeto de desestabilizar al país.  Al respecto, el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, afirmó categóricamente que el dirigente Mallki “es lo más cercano de Abimael Guzmán, y por tanto esa cercanía es completamente perniciosa si es que se está produciendo”.

Algunos congresistas, entre ellos Aldo Estrada (UPP) y Alfredo Cenzano (PAP), expresaron que existen indicios razonables suficientes para la conformación de una comisión investigadora a Hernán Fuentes: a) irregularidades cometidas en la contratación de funcionarios a personas que no cumplirían con los requisitos de ley; b) compra de un vehículo valorizado en 122 mil nuevos soles; c) pago de “propinas” por 4 millones 234 mil soles en el 2007; d) desconocimiento de la jurisdicción nacional en el tema educativo y pretender evaluar a los profesores en contra de las directivas del Ministerio de Educación; y, e) por atentar contra la soberanía nacional.

Fuentes tendrá que afrontar también la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional planteado por el Procurador de la República, por la aprobación de una ordenanza regional que prácticamente legaliza el cultivo de la coca en Puno.

Nos parece muy bien que el Estado peruano se defienda con las armas de la ley, con la fuerza de la razón, a fin de evitar posibles situaciones de desborde popular con consecuencias lamentables.

La Constitución y las leyes deben ser acatadas y respetadas por todos los peruanos que queremos vivir en democracia, en paz y con orden social, porque de no ser así el país sería una anarquía, un caos social imparable, originado por extremistas irresponsables, que no tienen Dios, Patria, Bandera ni sentimiento humano.

Seguir tolerando declaraciones como las vertidas por Hernán Fuentes sería permitir el descuartizamiento del Perú y en lo sucesivo cualquier autoridad podría decir “El Estado soy Yo”, olvidando que constitucionalmente somos una República democrática, unitaria, descentralizada, regionalizada y no un Estado federal.