En esta sección, reiteradamente, hemos sostenido que la democracia en LAC se ha extendido rotundamente y - como nunca antes-  hoy encuentra menos obstáculos para su vigencia. Sin embargo, sobre esta democracia, no es posible afirmar que estan proscrito los vicios y riesgos de antaño, todo lo contrario, hay nuevos fenómenos y problemas que afectan en diversos grados a la democracia electoral, minimalista y ultraliberal instalada en la mayoría de nuestros países. En la evolución de la democracia latinoamericana, no es posible ignorar la transformación  de la empresa, como el actor de mayor gravitación en la configuración democrática, en el eje del régimen político.

 

Nunca como hoy las empresas han tenido el peso que tienen en la sociedad y en la constitución democratica. En realidad, hay un cambio ideológico en la percepción de ella, impulsado desde hace años por el proceso globalizador que ha concentrado los mayores y mejores recursos en ella, aunque esencialmente siga siendo lo que es: una unidad de producción de algunas personas, pero percibida como mucho más que eso.

En la sociedad latinoamericana,  especialmente en su democracia, las empresas son percibidas como paradigmas de eficiencia, organizadas técnicas y tecnológicamente para un comportamiento ejemplar, por lo tanto contrapuestas al Estado, que por antonomasia es burocrático, elefantiásico e ineficiente, entre otros adjetivos más.

Hay un rasgo que caracteriza a las empresas modernas, actuales. La de haber devenido en actores del sistema democrático, particularmente de pocas y grandes empresas: su creciente poder político, a la vez que se constituye en una presión poderosa para la reducción del tamaño, funciones y poder del Estado y en general del sector público.

El crecimiento del poder de las empresas en detrimento del Estado, ha dejado al ciudadano sin protección frente a los nuevos proveedores de servicios, que hoy son empresas privadas, a las que la ciudadanía poco puede exigir mejores servicios, salvo por mecanismos propios del sector privado. El poder de las empresas se acrecienta aun más cuando se pretende regular la prestación servicios. Se aduce que tal acción sería incompatible con las tendencias económicas y políticas actuales y una forma de atentar contra la dinámica del sistema capitalista. Quienes sostienen esto, tienen razón. Sin embargo, en el mundo hay un viraje, progresivo, pero evidente para considerar esta situación como un problema que debe afrontarse y resolver.

De la descripción planteada, queda claro que antes la democracia dependía de la capacidad de los políticos para limitar el poder de las empresas y de los empresarios, del mismo modo que podía hacerlo con el poder de los militares o de la iglesia y se convertía en el árbitro, en el regulador de la acción social y de la política. Hoy todas las barreras y límites que afectaban la libertad empresarial, han sido liquidados, al parecer irreversiblemente, pues nadie quiere un retorno al pasado y sí avanzar en un sistema político y social que sirva al ser humano y no al revés. En esta perspectiva, se percibe una tendencia, creciente,  a la revaloración del Estado regulador en la economía, tan fuerte como el mercado. La liberalización sin regulación, hasta hoy, solo ha promovido los intereses de las grandes empresas y ha favorecido a oligopolios en detrimento de mercados libres.

Es evidente, que en las democracias latinoamericanas (y no solo en ellas, también en otras partes del mundo), los gobiernos han retrocedido en su protagonismo y hegemonía,  y al hacerlo, las empresas están aprovechado esta oportunidad y asumen -cada vez mas- responsabilidades frente a la sociedad, naturalmente esta situación, implica (como no) ventajas para sus negocios. En esta percepción parafraseamos a Noreena Hertz, directora asociada del Centro internacional de negocios de la U. de Cambridge, que constata cómo en muchos pueblos, el Estado moribundo, incapaz de ofrecer servicios públicos elementales como educación, atención de salud, vías de comunicación, infraestructura, cede ante empresas que han decidido convertirse en "Estado" por su cuenta y ofrecer esos servicios y bienes. Aunque no quieran pagar impuestos o compartir utilidades.

¿Estamos construyendo una democracia viable o somos estatalistas nostálgicos, encubiertos? ¿No es necesario conciliar la relación empresa - régimen democrático?