La Federación de Choferes del Perú (Fechop), solicitaron hoy al Ministerio Público que se tomen las medidas necesarias para salir a laborar sin inconvenientes durante el paro nacional convocado para el 9 de julio por la GCTP.

 

El presidente de ese gremio, David Quintana, indicó que los transportistas públicos temen que los manifestantes hieran a los conductores y usuarios de este servicio o dañen sus vehículos durante la medida de fuerza.

Dicho gremio presentó ante el despacho de la fiscal de la Nación, Gladis Echaíz, una denuncia formal preventiva, mediante la cual se busca asegurar que el servicio de transporte no se vea perjudicado en dicha fecha debido a eventuales actos vandálicos propios de la manifestación.

Acompañado del abogado de la Fechop, Hernán de la Fuente, Quintana Orellana aseguró que los choferes no se sumarán al paro nacional, no solo porque consideran que no existe razón para esta huelga, sino además porque una paralización los perjudicaría económicamente.

Tras considerar que el paro de la CGTP tiene motivaciones políticas, el titular de la Fechop subrayó que las demandas de los manifestantes pueden resolverse a través de mecanismos de diálogo y no con huelgas masivas, pues ello no contribuye a la imagen y a la estabilidad del país.

“Vamos a salir a trabajar ese día y queremos que la autoridad haga cumplir la ley. Aquellos que pretenden tomar las calles y arrojar piedras a nuestros vehículos deben ser sancionados. Los transportistas vivimos del día y si dejamos de trabajar, no comemos”, expresó Quintana Arellano.

En ese sentido, ratificó la intención de los choferes de salir a laborar con total normalidad y señaló que, aquellos que deseen paralizar sus labores, pueden hacerlo, siempre que no impidan a los demás transportistas circular a bordo de sus unidades con bloqueos de vías y actos vandálicos.

Según el abogado de la Fechop, esta denuncia será remitida también al Ministerio del Interior para que se adopten las medidas que permitan hacer respetar las garantías de los trabajadores y se despliegue al personal policial suficiente para salvaguardar el orden interno en el país.

De la Fuente señaló que el objetivo de la medida es que, en caso se produzca un atentado contra algún pasajero, trabajador o contra las unidades vehiculares, se actúe por parte del Ministerio Público con la celeridad debida y se formalicen las denuncias del caso ante este tipo de delitos.

“No podemos permitir que, de manera continua y permanente, personas que no quieren trabajar o que protagonizan una protesta atenten contra la vida de terceros y contra su seguridad. Esto se hará también extensivo a la fuerza policial para que se tomen las providencias del caso”, manifestó.

En Lima, la Fechop tiene 143 empresas afiliadas y maneja un promedio de 40 mil unidades de transporte. Representa a más de 400 mil conductores del transporte público urbano e interurbano en el país.