El presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, insistió en su denuncia de que es un “perseguido político”, ante la acusación que presentó la Contraloría General por supuestas irregularidades administrativas en su gestión.

 

La denuncia presentada por la Contraloría ante el Ministerio Público contra Fuentes Guzmán, y sus consultores del gobierno regional de Puno, es por los presuntos delitos de colusión ilegal, falsedad genérica y peculado.

“La Contraloría conoce ya este caso y el mismo está en el Congreso de la República.  Eso es una clarísima y evidente persecución de orden político”, señaló en una radioemisora limeña

Recordó, además, que estos casos ya estaban siendo investigados por el Ministerio Público, de la ciudad de Puno, la cual –dijo- sería la única entidad encargada de analizar el caso, hacer los estudios correspondientes y formular una eventual denuncia ante el Poder Judicial.

“Lo único que puede hacer la Contraloría es pasar esos documentos a la Fiscalía. Todavía no hay sentencia. La única entidad que puede hacer acusaciones es el Ministerio Público, en la etapa correspondiente, en el momento oportuno, de acuerdo a las leyes y al reglamento”, insistió.

La autoridad regional negó que su administración no tiene en su haber ningún caso de irregularidad y dijo que, pese a considerarse un perseguido político, no ha considerado la posibilidad de buscar asilo, ante una eventual orden de aprensión en su contra.