En un fallo histórico, el ex jefe militar argentino Luciano Benjamín Menéndez fue condenado este jueves a prisión perpetua en una cárcel común por violaciones de los derechos humanos durante el último gobierno de facto.

Se trata del primer ex oficial de alto rango sentenciado por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las leyes del perdón, informa BBC Mundo.

Menéndez, quien fuera jefe del Tercer Cuerpo del Ejército en la región centro-norte del país y uno de los hombres más emblemáticos y temidos del gobierno militar (1976-1983), fue acusado junto a otros siete ex oficiales por el secuestro, la tortura y el asesinato de cuatro militantes de izquierda.

Las víctimas fueron acribilladas en la ciudad de Córdoba en diciembre de 1977 y sus cuerpos fueron arrojados a la calle para pretender que habían muerto en un enfrentamiento con las autoridades. Esta práctica era común durante la llamada "guerra sucia".

El juez no sólo condenó a Menéndez a prisión perpetua, sino que además ordenó que cumpla la sentencia en una penitenciaría común y no en su domicilio, donde estaba detenido hasta ahora.

De los otros acusados, cuatro recibieron también la pena de cadena perpetua, dos fueron enviados a la cárcel por 22 años y uno quedará recluido por 18 años.

Durante el juicio que tuvo lugar en un tribunal federal de Córdoba, Menéndez reivindicó la represión que comandó durante el régimen militar, mientras que los otros imputados se declararon inocentes.

Familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos celebraron el fallo condenatorio contra Menéndez y los otros ex oficiales, y dijeron que se trataba de un "triunfo contra la impunidad".

Reivindicación

En la audiencia final Menéndez, de 80 años, fue objeto de una repulsa generalizada al justificar la "guerra sucia", afirmando que intentaba evitar "el asalto de la subversión marxista" contra "el alma de nuestro pueblo".

Agregó que los grupos guerrilleros, que -según él- asesinaron a 1.500 personas, "niegan sistemáticamente la guerra contrarrevolucionaria y llaman represión ilegal a los esfuerzos defensivos de las fuerzas legales".

Videla y Menéndez

Finalmente atacó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández y al de su esposo, Néstor Kirchner (2003-2007), ambos de centro-izquierda: "Confío en que los guerrilleros del '70, hoy en el poder, no puedan consumar su propósito de imponernos su régimen autoritario".

Cuando hablaba, grupos de derechos humanos presentes en la audiencia reclamaron a viva voz que el ex jefe militar interrumpiera su reivindicación de la represión ilegal. "¿Hasta cuándo van a dejar hablar a los genocidas?", gritó Leticia Celli, abogada del Centro Profesional por los Derechos Humanos (Ceprodh), quien fue retirada del recinto por la policía.

Hitos judiciales

La condena contra Menéndez tras dos meses de proceso se suma a una serie de hitos judiciales en la revisión del pasado oscuro de Argentina.

Durante mucho tiempo, los miembros de las fuerzas de seguridad eludieron la Justicia al estar protegidos por las llamadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas por gobiernos democráticos.

Sin embargo, estas normas fueron derogadas en 2005, durante la gestión de Kirchner, lo que permitió la reapertura de procesos contra cientos de ex represores.

En 2006, el ex jefe policial Miguel Etchecolatz se convirtió en el primer ex miembro de las fuerzas de seguridad en ser procesado por violaciones de los derechos humanos tras la anulación de las leyes del perdón.

Fue condenado a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos.

El año pasado, el ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, Christian Von Wernich, recibió la misma pena por el delito de genocidio y pasó a ser el primer sacerdote enjuiciado por crímenes de lesa humanidad desde que se retiró el "paraguas" legal en Argentina.

Von Wernich estaba acusado de actuar en varios centros clandestinos de detención y de participar en secuestros, torturas y homicidios.

Se estima que unas 30.000 personas desaparecieron y fueron asesinadas durante el gobierno militar argentino.

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