El Ejecutivo y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) firmaron hoy un acta de coordinación para el inicio de un proceso de diálogo encabezado por el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg.

 

En dicho documento se respalda la puesta en marcha de dicho espacio de concertación para tratar la problemática de la Amazonía, y las propuestas y planteamientos de los nativos.

Según comunicó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el titular de Aidesep, Alberto Pizango, ha garantizado que las federaciones nativas que integran esta organización suspenderá la medida de fuerza iniciada para fortalecer el diálogo.

Una comitiva, dirigida por Brack Egg, junto a los representantes de PCM, ministerios de Agricultura, Educación, Energía y Minas, entre otros, se reunirá este viernes en la localidad de San Lorenzo (Loreto) con tres representantes de Aidesep y jefes de las federaciones indígenas Orau, Comaru, Fenamad, Arpi, Orpio, Orpian y Corpi.

Juan Manuel Figueroa, secretario de Coordinación de la PCM, dijo que el titular del Ambiente llevará adelante la mesa de diálogo por encargo del jefe del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.

Sostuvo que la dirigencia de Aidesep les ha manifestado que consultarán esta iniciativa a las siete confederaciones que la integran para levantar la medida de fuerza, que es lo único que pide el Ejecutivo para conversar.

Señaló que paralelamente existe otra confederación de nativos denominada Conap, liderada por Osías Barbarán, quien ha manifestado su deseo de llevar adelante el proceso de diálogo sin tomar ninguna medida de fuerza.

Recordó que entre los planteamientos de los nativos figura la derogatoria del decreto legislativo 1015. “Por falta de información no saben que existe la modificatoria 1073 que les dan la misma condición a todas las comunidades nativas de las sierra, selva y costa, y en ella se dice que es el 50 más uno de los miembros del padrón, no como la 1015”, refirió.

Comentó que se protesta también por la mal llamada ley de la selva, la cual no existe pues se trata de un proyecto de ley (Nº 840), que se encuentra actualmente en el Congreso.

“Falta mayor conocimiento, hay una mala información que algunas ONG interesadamente están dando a las comunidades”, aseveró.