Una asociación de comunidades indígenas selváticas acusó el martes al gobierno de vulnerar los derechos de las tribus nativas con leyes que favorecen a las transnacionales, y advirtió que continuarán con sus movilizaciones hasta que sus reclamos sean escuchados.

 

El fin de semana las comunidades nativas selváticas iniciaron una serie de movilizaciones pacíficas en sus territorios para exigir al gobierno que derogue una ley que, según ellos, permite la fragmentación de sus tierras por medio de títulos individuales.

"Los pueblos indígenas y sus comunidades han determinado que esta movilización es indefinida hasta que el gobierno atienda nuestras demandas, de lo contrario asumirán otras medidas de fuerza y radicalizarán su lucha en toda la amazonía peruana", dijo Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

En una rueda de prensa, Pizango dijo que las etnias nativas se ven expuestas a una "agresión genocida" por parte del gobierno del presidente Alan García, puesto que, afirmó, con el argumento de tener que implementar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos, ha dictado más de 38 decretos legislativos "para entregar nuestros territorios a las empresas multinacionales".

El gobierno aún no se ha pronunciado sobre la protesta indígena.

El sábado, nativos de la etnia machiguenga se apoderaron de una embarcación de la empresa argentina Pluspetrol en la zona de Camisea, a 500 kilómetros al sudeste de Lima, según reportes periodísticos.

El lunes, comunidades nativas de la etnia machiguenga de la zona del Bajo Urubamba en la misma zona, tomaron las locaciones Pagoreni A y B de Pluspetrol, empresa que forma parte del consorcio que extrae gas natural del importante yacimiento de Camisea.

Pluspetrol informó el martes en un comunicado que los manifestantes indígenas continuaban en las locaciones de Pagoreni A y B, y que se había procedido a evacuar a los trabajadores.

Señaló, sin embargo, que sus operaciones en el Lote 88 de Camisea, no se habían visto afectadas.

Felipe Pacuir, asesor legal de AIDESEP, dijo que la asociación y el gobierno habían iniciado los primeros contactos en busca de entablar un diálogo sobre las demandas de las comunidades nativas.

Señaló que el gobierno había puesto como condición para dialogar que los indígenas suspendan sus movilizaciones, ante lo cual AIDESEP respondió que va a consultar con los dirigentes.Ap