Unos 17,000 vehículos de transporte público deben salir del mercado automotor en Lima Metropolitana por exceder el límite de antigüedad y ser los principales agentes contaminantes del aire y causantes de enfermedades respiratorias como rinitis, faringitis y asma en la capital, consideró hoy la Defensoría del Pueblo.

 

La titular de la institución, Beatriz Merino, señaló que esta medida -propuesta por el propio municipio capitalino como parte de su Plan de Chatarrización Vehicular- debe ejecutarse lo antes posible, para no seguir padeciendo el impacto de las partículas nocivas que emiten estas unidades cuya antigüedad supera los 15 años.

Al presentar el informe defensorial titulado "La contaminación del aire en Lima y su impacto en la salud y vida de sus habitantes: seguimiento de las recomendaciones defensoriales", refirió que el plan municipal contempla la reducción de los vehículos muy antiguos de forma progresiva, lo que culminaría en 2012.

Para ello, se pagarán bonos o incentivos que van de mil a tres mil dólares por vehículo retirado del mercado, añadió citando la información proporcionada por la municipalidad de Lima.

Según dijo, el municipio comunicó a la Defensoría que enfrenta en este caso la falta de financiamiento para el pago de los bonos o incentivos económicos, pero se le indicó que priorice este tema para que busque las opciones financieras que permitan su implementación.

Asimismo, la defensora del Pueblo afirmó que si bien el municipio dio un primer paso para el reordenamiento del transporte público con la puesta en marcha del proyecto denominado El Metropolitano, esta acción sólo atenderá al 7 por ciento de la demanda total de pasajeros en la capital, por lo que son necesarias medidas integrales a fin de descongestionar este servicio de transporte público, y con ello reducir los niveles de contaminación ambiental.

Entre estas medidas se encuentran la implementación de un Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y Callao, el diseño de mecanismos que incentiven la reconversión de las unidades de transporte a gas natural, así como un sistema que incentive el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP).

Exhortó también a la comuna provincial y a los municipios distritales que aceleren las obras viales en curso, para no contribuir con la mayor contaminación del aire, debido al incremento de los recorridos y con ello el mayor uso de combustible y de emisiones nocivas, así como el estrés que genera en la población la demora en viajar a su trabajo, centro de estudios o retornar a su hogar.

Merino lamentó que después de un año y medio de haber formulado 20 recomendaciones a diversas instituciones públicas sobre este problema, sólo hayan sido atendidas dos.

Una se refiere a la aprobación, por parte del Congreso, de la ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares; y la otra a la puesta en operación, por parte del Indecopi, del Servicio de Calibración de Equipos, para medir la calidad del aire en la ciudad.

La defensora del Pueblo sostuvo que resulta prioritario que se adopten cinco medidas urgentes a fin de frenar la contaminación en Lima: solucionar el problema de la sobre oferta y congestión del transporte público con la implementación de un sistema racional de transporte urbano y las revisiones técnicas.

Otras medidas son promover la producción y el consumo de petróleo diésel con bajos niveles de azufre, impulsar con mayor énfasis y decisión el uso de combustibles nacionales con menor impacto ambiental como el gas, aprobar los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos permisibles (LMP) para emisiones gaseosas.

Finalmente, propone monitorear la contaminación del aire, dado que sólo a base de este tipo de información se puede medir el impacto real de la contaminación sobre la salud de los limeños.

“La contaminación del aire mata y enferma a la población, en forma lenta y silenciosa, pero persistente. Esta es una realidad irrefutable que debemos revertir las autoridades que tenemos evidencias de sus efectos”, expresó.

“La Defensoría del Pueblo se propone que la sociedad tome conciencia de la gravedad de esta situación. Por ello, hago un llamado a las autoridades, empresas, organizaciones y a toda la población para que contribuyan a consolidar la disminución de esta contaminación, tomando en cuenta que un aire limpio es condición esencial para el goce efectivo del derecho a la vida, la salud y a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de las personas”, remarcó.