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Después de 23 años, Rivera Rondón, estará frente a los sobrevivientes de la masacre de Accomarca que dirigió con Telmo Hurtado.
La luz empieza a brillar en el caso Accomarca , a pesar de los obstáculos de todo pelaje que habían sembrado las fuerzas oscuras para proteger a los ex oficiales EP, Juan Rivera Rondòn y Telmo Hurtado, por la matanza perpetrada el 14 de agosto de 1985, contra 69 campesinos.  Justicia...justiicia...justicia La ampliación por 60 días en las investigaciones judiciales , dispuesta por la Sala Penal Nacional que preside Pablo Talavera, permitirá no solo el interrogatorio del teniente EP (r ) Juan Rivera Rondón, sino que se recojan los testimonios de los sobrevivientes de ese espantoso crimen.La disposición del tribunal deberá ser acatada por el juez penal nacional, Salvador Neyra, quien, además deberá realizar otras diligencias como dirigir las exhumaciones complementarias de cinco víctimas en el poblado de Accomarca, así como recoger los exámenes de ADN, de los restos ubicados en la zona donde fueron enterrados los asesinados.  Faltan más exhumaciones en Accomarca Las exhumaciones
La abogada de las víctimas de Accomarca, Karim Ninaquispe, señaló que ha quedado pendiente la identificación de algunos restos hallados en las exhumaciones que se han realizado en la localidad de Lloccllapampa, donde se encontraron 18 cuerpos.  Karim Ninaquispe Consideró importante que se realice una nueva exhumación y se practiquen pruebas de ADN a los restos encontrados hasta el momento. Además, indicó, falta realizar una nueva exhumación de una fosa donde estarían enterradas cinco víctimas.En marzo pasado, se culminaron las exhumaciones en la tercera fosa común que está ubicada a dos metros de la primera, donde se encontraron los restos de aproximadamente 18 cuerpos. La fiscalía consideró imprescindibles los análisis genéticos para establecer la identidad de las víctimas ante las leguleyadas que se avizoran, como sembrar dudas de que se trate de otro crimen “perpetrado por los senderistas”. Los restos humanos se encuentran calcinados y semi destruidos, pero se tratará de recuperar toda la evidencia e identificar el número y la identidad de los enterrados. Otros involucrados Rivera Rondón deberá responder Se debe tener en cuenta que el juez Walter Castillo abrió instrucción con orden de detención contra 29 militares en actividad y en retiro. De la misma forma, dispuso que Wilfredo Mori, Nelson Gonzáles, César Martínez, Carlos Pastor y Manuel Carlos Aparicio Saldaña sean procesados como supuestos autores intelectuales por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato.La instrucción abarca, además, a José Daniel, Williams Zapata, Herbert Alejandro Gálvez Fernández y Ricardo Sotelo por los delitos de asesinato, según información del Poder Judicial. Entre los presuntos autores materiales del asesinato figuran Telmo Hurtado, Luis Robles, David Castañeda, Juan Rivera , Francisco Marcañaupa, Héctor Castro y Walter Delgado. Algunos de ellos son actualmente militares en servicio. Alcanza también esta disposición a Pedro Amaya Miranda, Vicente Chipán Herrera, Hugo Arrete Pérez, Bernal Flores Consuelo, Clider Venancio Ramírez, Hugo Salcedo, Eugenio Cruz García, José Contreras, entre otros implicados. Por los cargos de secuestro y desaparición, el juez Castillo abrió instrucción contra Telmo Hurtado, David Castañeda y el capitán de infantería Elmer Gálvez.  Muchos de ellos fueron asesinados La otra de la medallaEste giro en el proceso, gracias a la extradición de Rivera Rondón, aprobada por la justicia estadounidense, se registra en momentos que arreciaba una campaña mediática para librar de toda responsabilidad a oficiales retirados o en actividad. A pesar de la gravedad del delito, solo se encontraban detenidos los subalternos que integraban la patrulla Lince, a modo de “chivos expiatorios”. Los defensores de los militares recién se acuerdan de ellos porque, quizás, sus declaraciones son claves para esclarecer los entretelones de la masacre que, de acuerdo a Telmo Hurtado, eran parte de las acciones rutinarias en la lucha antisubversiva.
Los soldados que se encuentran en esta situación son Vicente Chupán Herrera, detenido en agosto del 2005. Lleva 36 meses y , según sus abogados, debería salir por proceso de excarcelación al no recibir sentencia. Asimismo Francisco Marcañaupa Osorio, arrestado en abril de este año y que, según sus allegados, no cuenta con un abogado de oficio. José Contreras Paulino, natural de Satipo, detenido en mayo pasado cuando participaba de la Cumbre de los Pueblos. Afirma que desconocía que venía siendo procesado. El proceso judicial por la masacre comenzó el 31 de mayo del 2005 los acusados son 29 militares, entre ellos generales, oficiales, suboficiales y personal de tropa del ejército. La voz de los deudosEl presidente de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca (AFAVPDA), Celestino Baldeón, manifestó su indignación ante la demora de las investigaciones y la falta de sanciones drásticas para los responsables de tan horrendo crimen.  Celestino Baldeón “Son 23 años y hasta ahora no hemos llegado a manos de la justicia para que los culpables sean castigados. Los huérfanos nos hemos quedado traumados y heridos porque no se hace justicia, pero hemos decidido continuar hasta el último porque los culpables deben ser castigados con todo el peso de la ley”, señaló.En ese sentido, invocó que se acelere el proceso penal para que, “de esa manera quedemos, por así decirlo, conformes aunque no recuperemos a nuestras familias. Esta matanza ha sido grave y debe ser castigada”. Por su parte, la abogada , Karin Ninaquispe, lamentó que hasta la fecha no se haya hecho justicia en este caso, pese a que existen testimonios directos y pruebas contundentes . “ Estamos en un proceso judicial lento; se han exhumado los cadáveres y todavía no se realiza la identificación de los restos para restituirlos a los familiares, a fin de que darles una cristiana sepultura”, comentó. "Demorar la justicia es injusticia” advertía el poeta y escritor inglés, Walter Savage Landor , en 1858. Han transcurrido 150 años y nuestro Poder Judicial pareciera que no aprendió la lección.
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