La Procuraduría Anticorrupción formalizó su apelación para que el ex presidente Alberto Fujimori sí sea procesado judicialmente por, presuntamente, vender armas a las FARC de Colombia durante su gobierno (1990-2000), en conspiración con su ex asesor Vladimiro Montesinos.

De esta manera, la defensa del Estado peruano expresó su disconformidad con la decisión del Tercer Juzgado Anticorrupción, que desestimó en primera instancia la acusación , argumentando que los delitos que se le imputan al ex mandatario en este caso no están bien acreditados.

La resolución final le corresponde a una de las salas superiores anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El ex mandatario ha sido denunciado inicialmente por los delitos de violación y conspiración a la soberanía de un Estado extranjero, tráfico ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir.

La denuncia corresponde a la Primera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, que implicó a Fujimori en la transacción de 10 mil fusiles AKM a las FARC de Colombia, en 1999.

Fujimori ha negado haber participado en el tráfico de armas a las FARC.

Sin embargo, en noviembre de 2000, el ex jefe nominal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Humberto Rozas dijo que Montesinos no había descubierto la venta de fusiles a las FARC, sino que preparó junto con el ex mandatario una conferencia de prensa al enterarse de que la CIA había descubierto esta ilegal transacción.

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