El pleno del Congreso aprobó esta tarde por 77 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, la norma que endurece las penas para los delitos ambientales, así como para el tráfico de especies de flora y fauna.

La Ley, que también fue exonerada del trámite de la segunda votación, adecua el Código Penal vigente a las políticas asumidas por el gobierno en el  marco internacional, en relación a la lucha contra las trasgresiones de orden ambiental.

La misma es  indispensable para la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

A través de la misma se modifica el artículo 304° del Código Penal vigente estableciendo una pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, para los que infringiendo las normas, reglamentos o límites máximos permisibles,  realicne descargas, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones, que generen una alteración o daño grave al ambiente.

Al respecto se precisa que si el agente actúa por culpa la pena carcelaria correspondiente no será mayor de tres años.

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