Alternativa para evitar el  quiebre del proceso judicial, es considerada tanto por la defensa del ex mandatario como por la parte civil.

No sería la primera vez , ni la última,  que un tribunal se traslada a un centro hospitalario para evitar que el proceso se quiebre y, de esa manera,  juzgar al inculpado impedido de movilizarse por razones de salud.

Esta alternativa ha empezado a ser evaluada por todas las partes, desde la defensa representada por el abogado, César Nakazaki, hasta la fiscalía y la parte civil, por cuanto un quiebre de proceso se convertiría en un verdadero desastre al retornar el caso a fojas cero.

Riesgo de quiebre en caso Fujimori

Uno de los casos más sonados se registró en la década del 70,  cuando un tribunal de la Corte Superior de Justicia de Lima se constituyó en el Hospital de Sanidad de las Fuerzas Policiales,  para interrogar a Mariano Ignacio Prado Heudebert, acusado de un fraude por dos mil millones de soles al desaparecido Banco Popular.

Teleconferencia descartada

Este sistema es cuestionado porque existe la posibilidad de interferencias en el interrogatorio, que el inculpado tenga a la mano elementos extrajudiciales para responder preguntas claves , como en la eventualidad de que haya una confrontación.

En todo caso, los avances tecnológicos no han sido previstos para las diligencias judiciales y , lo más práctico y menos oneroso, es la constitución del tribunal en el centro hospitalario lo que, obligatoriamente, demandará una infraestructura especial, más aún por la complejidad y trascendencia del caso Fujimori.

Defensa: otros mecanismos

El abogado, César Nakazaki, aseguró que el ex presidente Alberto Fujimori no busca anular ni dilatar el juicio que se le sigue por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta, argumentando un eventual mal estado de salud.

Nakazaki plantea mecanismos

En ese sentido plantea  que, entre una audiencia y otra, puede haber un máximo de 12 días de suspensión, y -en este plazo- podría ser evaluado y llevar el tratamiento médico recomendado.

- Si fuera necesario prorrogar por más tiempo el plazo de 12 días, solicitará que la Sala Penal Especial se traslade hasta el centro de salud donde se encuentre internado Fujimori para continuar con el juicio-  manifestó.

Nakasaki sostuvo que la tercera propuesta es llevar a cabo la etapa de la lectura de piezas (debate de las pruebas) sin la presencia del acusado.

Explicó que, en la etapa de la presentación de testigos,  no es obligatorio que el procesado esté presente, “entonces tampoco sería necesario que participe en la etapa de lectura de las pruebas, en la cual participan más los abogados”.

- En la etapa de la prueba documental, donde hay que leer documentos que el acusado ya conoce -y solo será un debate entre abogados sobre el valor de las pruebas- entonces tranquilamente podría pasarse sin la presencia de Fujimori- añadió.

-Lo que hemos acordado con el ex presidente es utilizar todo mecanismo legal para que el juicio continúe, y hemos diseñado mecanismos legales. Haremos lo imposible para que este juicio no se quiebre- subrayó.

Parte Civil: no es el primer caso

La abogada de la parte civil, Gloria Cano,  enfatizó  que, jurídicamente, es posible que el ex presidente Alberto Fujimori continúe siendo juzgado por violaciones a los derechos humanos, en la eventualidad que se le confirme algún tipo de enfermedad.

Gloria Cano

- Ningún juicio se cae o se cierra porque el procesado está con cáncer, por eso digo que jurídicamente es posible que Fujimori siga siendo juzgado pese a estar enfermo- acotó.

No obstante, señaló que lo conveniente es que el ex mandatario, quien presuntamente tendría un tumor quístico  en el páncreas, sea evaluado por los médicos especialistas y lleve un tratamiento.

- Fujimori tiene derecho, como cualquier otro interno del país, a ser atendido en los hospitales para efectos que se le pueda detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad, y el Estado está obligado en ofrecerle atención médica, pero también está obligado a investigar y sancionar a los responsables de delitos-precisó.

En ese sentido,  señaló  que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema puede constatar que en los penales del país existen personas con dolencias en las cárceles, y no por eso “se cierran los casos”.

Indicó que al culminar la presentación de los peritos internacionales y nacionales, posiblemente la próxima semana, el tribunal dispondrá de un plazo de hasta 10 días para que las partes accedan al expediente.

En este tiempo, recomendó, se podrían realizar las evaluaciones y tratamiento al ex mandatario, a fin de no dilatar el juicio, cuya fase final sería en noviembre de no haber inconvenientes.

Informe médico

Al inicio de la sesión, la Sala que preside el Vocal Supremo doctor César San Martín, formuló algunas precisiones con relación al procedimiento legal que se siguió a fin de garantizar el estado de salud del acusado.

Tribunal del caso Fujimori

Agregó que la Sala ha sido rápida e insistente en este tema, a tal punto que el último informe del IML recomienda la realización de pruebas auxiliares como una tomografía espiral multicorte, resonancia magnética, que estarán a cargo del Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y la institución Resonancias Magnéticas (Resomasa). 

Explicó que el Tribunal estará atento al resultado de estas diligencias y exámenes médicos y, como ha sido su línea permanente, decidirá lo que corresponda respecto al tratamiento, a partir de las conclusiones científicas.

Refirió que la conducta del tribunal respecto a la salud del ex Mandatario siempre ha sido “atenta, cuidadosa y seria”.

Responsabilidad de comando

Durante su presentación ante el Tribunal , el perito argentino, José García hizo un análisis de diversos documentos como el Manual de Guerra No Convencional, la Directiva No.003 – 91, el Manual del Oficial del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otras leyes y normas de nuestro país.

José Luis García

Indicó que esa Directiva deriva de la primera cadena de comando, en tanto,  el entonces Presidente (Fujimori) era Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y como tal (la Directiva) es un acto de comando militar “de cumplimiento obligatorio”, que debía controlar el entonces Presidente de la República.

Manifestó que de acuerdo a la “doctrina de la responsabilidad de comando” se requieren tres elementos para probar la responsabilidad por “autoridad de comando”.

Deudos exigen justicia

En ese mismo sentido, expresó que el documento del Manual de Guerra No Convencional ME-418, también le asigna al Presidente de ese entonces,  responsabilidad de comando.

Equilibrio estratégico

Reiteró  que , en su calidad de observador internacional, llegó a la conclusión de que Sendero Luminoso, en 1992, no había logrado el llamado equilibrio estratégico, pues no amenazaba centros vitales, como la capital de la República.  

Al finalizar la sesión, el Presidente de la Sala anunció que para la sesión del próximo lunes 8, se presentará ante el Tribunal la documentalista de Estados Unidos, Kate Doyle.
 

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