Asif Alí Zardari, de 52 años, fue elegido presidente de Pakistán. El viudo de Benazir Bhutto, la popular líder del Partido Popular de Pakistán (PPP) asesinada el pasado diciembre, es el político más controvertido del país, donde se le conoce popularmente como Mister 10%, por las supuestas comisiones que cobraba durante los dos gobiernos de su esposa.

Su elección, sin embargo, fue respaldada por una amplia mayoría de las dos cámaras nacionales (la Asamblea y el Senado) y de las cuatro provinciales. De un total de 702 diputados y senadores, 481 votaron a favor de Zardari, que dirige las huestes del PPP desde el 30 de diciembre. Los votos restantes se los repartieron los otros dos candidatos designados por los partidos rivales.

La dimisión de Pervez Musharraf como jefe del Estado hace 20 días facilitó la celebración de las elecciones presidenciales. Musharraf, que gobernó con puño de hierro desde que en 1999 se hizo con el poder en un golpe de Estado, prefirió dejar el cargo a someterse a la investigación del Parlamento por "abuso de poder". Los partidos vencedores de las elecciones del pasado febrero, el PPP y la Liga Musulmana de Pakistán-N (PML-N), unidos en una coalición gubernamental, forzaron la salida del gran aliado de George W. Bush en su guerra contra el terror.

Pero Zardari no lo tendrá fácil. El único país musulmán que posee la bomba atómica se encuentra sumido en una oleada de violencia que alimentan el integrismo islámico y las míseras condiciones de vida de dos terceras partes de los 165 millones de paquistaníes, que viven con menos de un euro por persona y día. La alianza entre Al Qaeda y los talibanes que combaten a las tropas de EE UU y de la OTAN en el vecino Afganistán añade fuego a la explosiva situación interna de Pakistán.

El viernes mismo, un suicida estrelló su coche bomba contra un puesto de policía en Peshawar, la capital de la llamada Provincia Fronteriza del Noroeste, que linda con Afganistán y la franja de zonas tribales que dan refugio a bandoleros, terroristas y narcotraficantes. Al menos 30 personas resultaron muertas al derrumbarse los edificios vecinos al lugar de la explosión. En lo que va de año han perdido la vida más de 1.200 personas.

El Gobierno estadounidense, que trató por todos los medios de mantener a Musharraf al frente de Pakistán, tendrá ahora que negociar con Zardari cómo hacer frente a la ofensiva talibán. El líder del PPP es un antiguo hombre de negocios, al que se considera prooccidental y dispuesto a impulsar la modernización y la moderación del país. Sin embargo, el antiamericanismo de la mayoría de los paquistaníes y la necesidad de no desestabilizar más el país pueden dificultar las relaciones de Washington con Zardari, más partidario de abordar a los radicales con la zanahoria que con el palo.

La ruptura hace dos semanas del Gobierno de coalición dificulta también la gobernabilidad de este país que, desde su creación como Estado en 1947, malvive dentro de un círculo vicioso de generales golpistas y políticos corruptos. El ex primer ministro Nawaz Sharif, líder de la PML-N, dejó el Gobierno tras acusar a Zardari de "incumplir sus compromisos". El PPP tendrá que recurrir a pactos puntuales con partidos minoritarios para seguir gobernando. Todo apunta hacia una nueva convocatoria de elecciones.

Sharif pretendía el apoyo del PPP para restablecer en su cargo al ex presidente del Tribunal Supremo Iftijar Chaudry, destituido por Musharraf cuando cuestionó su reelección presidencial. El juez también había puesto en tela de juicio la amnistía de los cargos pendientes por corrupción que, a instancias de EE UU, concedió Musharraf a la familia Bhutto para facilitar su regreso a Pakistán. De ahí, que Zardari no tenga el más mínimo interés en que Chaudry vuelva a presidir el Supremo.

Zardari ya estuvo en la cárcel en dos ocasiones anteriores. De 1990 a 1993 y de 1996 a 2004, acusado de corrupción, malversación, abuso y conexión con el asesinato de Murtaza Bhutto, hermano y rival político de Benazir. El ya presidente de Pakistán asegura que es "inocente" y que todas las acusaciones fueron "políticas" y nunca se pudieron probar.

Tras la amnistía, el Gobierno paquistaní retiró los cargos contra los Bhutto en distintos países: España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, lo que permitió descongelar las cuentas de decenas de millones de euros en distintas entidades bancarias.

Georgina Higueras

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