Cuestion Previa Fujimori ya reconoce al Grupo Colina | Fujimori ya reconoce al Grupo Colina |
| sábado, 11/10/2008 | ||||||
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Después de varios meses de negar tercamente la existencia del grupo Colina, la aparición de documentos contundentes, recopilados en el Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE, obligó a que la defensa varíe su estrategia, en una especie de “control de daños”, para salir del atolladero. Esta vez, el abogado César Nakazaki, se refirió al escuadrón de la muerte que dirigía el mayor EP ( r ) Santiago Martin Rivas, como el “Grupo Colina”, denominación que había sido rechazada por los propios oficiales y jefes del SIE, que han quedado al descubierto como protectores de los verdugos.  Nakazaki y sus contramarchas La estrategia de Nakazaki apuntaría esta vez a admitir la existencia del grupo Colina, como un destacamento regular del SIE “que actuó por cuenta propia”, es decir sin órdenes superiores ni obedeciendo a una política de terror de Estado. De esa manera, la contramarcha de Nakazaki buscaría el mal menor, que el ex mandatario sea culpado por el delito de encubrimiento, al proteger el grupo Colina, y no la autoría mediata por homicidio. Más pruebas Fiscal Guillén aportó más documentos El debate sobre las pruebas – documental y documentada – se centró en el financiamiento de las actividades del Destacamento Colina, y la vinculación de los jefes del Ejército y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con dicho grupo. Nakazaki cuestionó los documentos y, de acuerdo a su lineamiento de defensa”, hizo “notar” que en ninguno figuraba una orden de Fujimori para perpetrar asesinatos, pese a que se ha insistido hasta el cansancio que esta clase de disposiciones son verbales y nunca escritas. Decretos supremos secretos
Se dio lectura al Oficio No. 119 – 91 – SIN, de fecha 01 de octubre de 1991 suscrito por el jefe del SIN de entonces, Julio Salazar Monroe, dirigido al Viceministro de Hacienda Alfredo Jaililie Awapara, por el cual pide una ampliación de presupuesto. El Fiscal destacó que en ese documento, el jefe nominativo del SIN, Julio Salazar Monroe, precisa que la ampliación solicitada es para “actividades de inteligencia operativa y estratégica encomendadas por el Presidente de la República (Fujimori)”. Indicó que ese oficio demuestra que el SIN realizaba inteligencia operativa en la lucha antiterrorista y no solo analítica o informativa, por lo cual obtuvo partidas adicionales en su presupuesto en los años 1991, 1992 y 1993 por órdenes del ex mandatario procesado. La Parte Civil, a través del abogado de los familiares de las víctimas, doctor Carlos Rivera Paz, respaldó la pertinencia, utilidad y relevancia de los medios probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público. Eficacia probatoria ¿ Y ahora qué dice Rivas? Dijo que con estos documentos, el Ministerio Público hace una desviación en su tesis inicial, pues dijo, “en ninguna parte de su acusación se señala que el SIN financiaba al Destacamento Colina”. Reiteró que los documentos no determinan una estrategia de guerra sucia para combatir al terrorismo. Guillén replicó que se comprueba fehacientemente que el grupo Colina, al que se había proporcionado armas, obedecía órdenes del SIN para la ejecución de la guerra sucia, lo que se establece que, pese a sus numerosas misiones, nunca detuvo a un solo subversivo: todos fueron asesinados. Y, que el desvío de fondos ordenado por el ex mandatario, demuestra la vinculación directa de Fujimori con las operaciones del Grupo Colina y la política de terror de Estado. Más documentos Matanza en Barrios Altos Destacó por su importancia, cuatro recibos a nombre de Douglas Arteaga Pascual, conocido con el seudónimo de “Abadía”, por concepto de pago a colaboradores, de fechas previas a los hechos de Barrios Altos, ocurrido el 3 de noviembre de 1991. “Abadía tuvo un rol importante en Barrios Altos”, subrayó el representante del Ministerio Público. Abadía fue quien señaló a Rivas dónde se encontraban los presuntos subversivos en la pollada de la casona del jirón Huanta. Cuando Rivas le preguntó cuáles eran los senderistas, éste le contesto: son todos. Con esa respuesta, el grupo Colina ametralló a todos, incluyendo un niño de 8 años de edad. Frente a los recibos y pagos de planillas a colaboradores, el abogado de Fujimori, sin embargo, hizo cuestionamientos porque, insistió, presentan problemas de conducencia y violan el principio de buena fe del testigo.  Protesta de los deudos “No tienen firma ni sello del órgano emisor, cuestionamos su autenticidad. Son transcripciones (de Marcos Flores Albán) para crear información y acceder a sus beneficios”, indicó. Sin embargo, las pruebas aportadas por Maflo coinciden con los documentos hallados en los registros del Pentagonio y declaraciones de testigos, por lo que el alegato de Nakazaki asemeja, de tanto estéril repetición, una verdadera coladera. Respecto al tema de la vinculación de los jefes del Ejército y el SIN con el Destacamento Colina, el Fiscal incorporó al debate diversos documentos relacionados con la detención en 1992 en el SIN del ex agente Mesmer Carles Talledo, por supuesta infidencia a Sendero Luminoso. El abogado Nakazaki replicó que el SIN sí podía detener personas y efectuar investigaciones en esos casos, en un esfuerzo por descartar las declaraciones de Carles Talledo, tan explosivas como las de Maflo.
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Ante las evidencias contundentes, la defensa varió su estrategia aparentemente para admitir "solo el encubrimiento".
Guillén entregó al tribunal los decretos supremos secretos expedidos en los años 1991, 1992 y 1993, informes y oficios relacionados con transferencias de dinero del Presupuesto Público al Servicio de Inteligencia Nacional, que estaba en manos del ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos. | < Anterior | Siguiente > |
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