La respuesta del ex mandatario fue negar  las esterilizaciones forzadas "porque solo se recibieron 180 quejas” en la Defensoría del Pueblo.

Cuando se encontraba en su refugio dorado de Tokio, el ex dictador, Alberto Fujimori, negó enfáticamente que se hayan registrado 300 mil esterilizaciones forzadas durante su gobierno porque, de esa cifra, de acuerdo a su criterio,  "sólo se recibieron 180 quejas en la Defensoría del Pueblo".

¿Y las quejas 300 mil denuncias?. Ni una palabra porque Fujimori no les daba "importancia". ¿ Y las nativas que no podían acudir en esa época a la Defensoría del pueblo por hallarse en alejadas comunidades de la selva?. Sin respuetas.

Jugando con las cifras ante la prensa internacional, el ex dictador ocultaba que en la gran mayoría de esos casos se trata de mujeres quechuahablantes, pobres y analfabetas, quienes viven en remotas comunidades de la sierra y selva.

Asimismo, "olvida" que los documentos oficiales señalan la existencia de los 300 mil casos de esterilizaciones forzadas y que se registró la muerte de la humilde madre de familia, María Mamérita Mestanza, cuyo caso, archivado por una jueza, fue elevado a la Corte Interamericana de Dfensa,CIDH, que ordenó al Estado indemnizar a los deudos con más de 100 mil dólares.

Por esa razón, la fiscalía demanda que el ex dictador responda ante los tribunales de justicia.

Las razones del ex dictador

-La cifra de reclamos realizados en 4 años no representa indicio de que hubo coacción para las Aplicaciones Quirúrgicas Voluntarias (AQV). Señalar pues que hubo esterilizaciones, todas forzadas, en número de 300,000, dista mucho de la realidad- dijo Fujimori.

Forzadas a esterilizarse

Cuando se le preguntó cómo se había logrado el alto número de esterilizaciones, cifra sorprendente en comunidades nativas donde no llega la radio ni televisión , Fujimori ensayó otra de sus respuestas jaladas de los cabellos.

-El sector más pobre de la población jamás fue atendido, estuvo postergado por décadas, y el día que las mujeres pobres se percataron que ya tenían este derecho pensaron seriamente en la posibilidad. Al final tomaron su decisión voluntariamente- concluyó.

-El Programa de Salud Reproductiva fue un programa serio. Las evidencias reales me reafirman en lo dicho. No fueron esterilizaciones forzadas y menos un genocidio como afirman algunos- fue otra de sus "conclusiones".

Al mencionársele que existían registros oficiales del Ministerio de Salud y otros organismos que revelan la existencia de esterilizaciones forzadas, Fujimori prefirió irse por las ramas, de acuerdo a su estilo en ese entonces. Ahora prefiere guardar silencio.

Aseguró que el ex ministro de Salud, Fernando Carbone "no solo tomó la posta del ministerio, sino también tomó la posta de la incoherencia", ya que según él, "sigue con la misma cantaleta de las esterilizaciones forzadas que tenia Solari".

Medio millar de denuncias

Como no era de extrañar, Fujimori pasó por alto las  denuncias sobre esterilizaciones forzadas ante la opinión pública internacional, aprovechan que estaba “blindado” por las autoridades japonesas.

De esa cifra sólo el 10% aceptó haberse sometido voluntariamente al procedimiento bajo promesas de bienestar.

Sin embargo, entre el periodo 1996-2000 se registró un total de 215 mil 227 ligaduras y 16 mil 547 vasectomías, en el  Ministerio de Salud, de manera forzada o sin el consentimiento de los pacientes.

Otra gran cantidad fue sometida a las intervenciones en  las fuerzas Armadas y Seguridad Social donde la mayoría también sufrió este abuso.

Según el informe, existen evidencias de que en la mayoría de los casos hubo una clara intervención del despacho presidencial e involucra a altos funcionarios del Estado, como el caso del ex ministro de Salud Marino Costa Bauer, direcciones regionales y generales.

Muerte de Marìa Mestanza

La esterilización forzosa provocó la muerte de  la humilde madre de familia, María Mamérita Mestanza y cuyo caso fue denunciado en junio de 1999 a la Corte Interamericana de Defensa de Derechos Humanos, CIDH, en Washington, por CLADEM y Aprodeh.

La denuncia se presentó debido a fallas en el debido proceso judicial . El 14 de Octubre de 2002, se firmó el Acuerdo de Solución Amistosa donde el Estado peruano reconoció su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos y se comprometió a implementar políticas públicas y a garantizar que casos similares no se repitan.

Asimismo se estableció que la indemnización del Estado peruano la familia de Mamérita Mestanza es de U.S. $ 109,000.

En los expedientes se menciona que María Mamérita Mestanza, mujer campesina de aproximadamente 33 años de edad y madre de 7 hijos, fue objeto de acoso desde 1996, por parte del Centro de Salud del Distrito de La Encañada, que forma parte del sistema público de salud, para que se esterilizara.

Recibieron así, ella y su compañero permanente, Jacinto Salazar Suárez, distintas formas de hostigamiento, que incluyeron varias visitas donde el personal de salud amenazaba con denunciarla a ella y al conviviente  ante la policía, y les mencionaba que el gobierno había dado una ley conforme a la cual la persona que tuviera más de cinco hijos debería pagar una multa y sería llevada a la cárcel.

Finalmente y bajo coacción , Mestanza se sometió el 27 de marzo de 1998 a una operación de ligadura de trompas en el Hospital Regional de Cajamarca, sin haberse efectuado previamente ningún examen médico.

Debe responder por sus crímenes

Con indolencia, el  personal del Centro de Salud le informó que "eran los efectos post operatorios de la anestesia". Mestanza Chávez falleció en su casa, el 5 de abril de 1998, y en el certificado de defunción se diagnosticó que su muerte se había producido debido a una “sepsis” como causa directa y bloqueo tubárico bilateral. .

Días después un médico del Centro de Salud ofreció una suma de dinero a Jacinto Salazar con el fin de dar por terminado el problema, pero éste denunció ante la Fiscal Provisional Mixta de Baños del Inca a Martín Ormeño Gutiérrez, Jefe del Centro de Salud de La Encañada, por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la figura de homicidio culposo.

El 15 de mayo de 1998 el Fiscal Provincial formalizó denuncia penal contra Ormeño Gutiérrez y contra otras personas, ante la Jueza Provincial de la localidad, quien el 4 de junio de 1998 declaró que no había lugar a la apertura de instrucción.

Tal decisión fue confirmada el 1° de julio de 1998 por la Sala Especializada en lo Penal, en virtud de lo cual, el 16 de diciembre de 1998, la Fiscal Provincial ordenó el archivo definitivo del caso.

Eran los tiempos de Fujimori.

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