Los sobornos a jueces y la interferencia política en el sistema judicial niegan a millones de personas en Paraguay, Perú, Bolivia y otros países su derecho a un juicio imparcial, dijo un grupo que lucha contra la corrupción.

La entidad Transparency International (Transparencia Internacional) preguntó el año pasado a casi 60 mil personas de 62 países su opinión sobre el sistema judicial de su nación.

En más de 25 países, por lo menos uno de cada 10 cabezas de familia dijo haber pagado sobornos para acceder al sistema judicial.

De unas 8.300 personas que dijeron haber tenido contactos personales recientes con su sistema judicial, más de una de cada 10 pagó un soborno.

Entre los países que encabezan la lista con sistemas judiciales corruptos, más del 80% de los contactados en Paraguay, Perú, Bolivia, Camerún y Macedonia consideraron corruptos sus sistemas judiciales.

En la parte opuesta de la escala, los residentes de Dinamarca, Singapur, Suecia, Finlandia y Noruega consideraron sus sistemas los menos corruptos.

La mayor parte de la corrupción judicial ocurre con el soborno de los jueces para llegar a un acuerdo extrajudicial o para que fallen a favor de una de las partes.

Los secretarios del juzgado también son sobornados para que asignen casos a ciertos magistrados.

En otros casos, como en el Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori, sus dirigentes desalojaron de la judicatura a los jueces para reemplazarlos con sus seguidores.

"Utilizaron el sistema judicial para perseguir a sus oponentes", dijo el letrado peruano José Ugaz, ex fiscal en el caso de Fujimori.

"Utilizaron el sistema judicial para la extorsión".

Fujimori huyó de Perú en el 2000 tras 10 años de gobierno, entre escándalos de corrupción.

Reside en Chile, donde se opone al pedido de extradición solicitado por las autoridades peruanas.