El ministro del Interior, Luis Alva Castro, brindó toda clase de garantías a los
comerciantes invasores del mercado mayorista de Santa Anita que se retiren pacíficamente con sus bienes y posesiones, ante la inminencia del desalojo ordenado por el Poder Judicial.

“He recibido información en el sentido de que el juez penal que está a cargo del proceso ha formulado una última exhortación a los comerciantes que invadieron el mercado para que se retiren pacíficamente”, dijo al recordar que la Policía Nacional está para hacer cumplir la ley y resguardar el orden público .

Reiteró que el procurador del Ministerio del Interior ha formalizado una denuncia penal contra quienes resulten responsables de trasladar, retener y utilizar a menores de edad como “escudos humanos” en el centro de abastos.

Por su parte, el premier Jorge del Castillo, señaló que la declaratoria de emergencia por siete días en el distrito de Santa Anita fue dispuesta con el fin de prevenir reacciones violentas al momento de ejecutarse el desalojo judicial que devuelve el Mercado Mayorista a la Municipalidad de Lima.

Dijo que la medida permitirá a las fuerzas del orden actuar con responsabilidad y celeridad al momento que ocurran los hechos. “No se puede sacrificar el derecho de la ciudadanía por el actuar de algunas personas”, repuso.

En este sentido, formuló una invocación a los comerciantes a retirarse pacíficamente del lugar y respetar el fallo judicial porque no pueden tomar la justicia por manos propias y menos adueñarse de lo ajeno.

Un número reducido de comerciantes que permanecen atrincherados en el Mercado Mayorista de Santa Anita realizó una pequeña marcha al interior de ese centro de abasto, acompañados de un grupo de niños portando banderas blancas y vitoreando arengas contra el inminente desalojo dispuesto por orden judicial.

 Por otro lado, la  dirigencia de la asociación de comerciantes que ocupan el mercado mayorista de Santa Anita presentaron un recurso de habeas corpus ante el Poder Judicial para cautelar la integridad física de los asociados que permanecen "atrincherados".

El presidente de la asociación, Fernandino Nieto, advirtió que si algo les ocurre a los comerciantes durante el desalojo, los únicos responsables serán el Gobierno y la Municipalidad Metropolitana de Lima e insistió en que sólo la instalación de una mesa de diálogo evitará daños a la vida humana.

Por su parte, la parlamentaria andina Elsa Malpartida negó un presunto aprovisionamiento de armas, contratación de adultos y alquiler de niños por parte de los comerciantes para responder a la intervención policial durante el desalojo.

Dijo que si bien su apoyo es personal, pedirá a los representantes del Partido Nacionalista Peruano (PNP) para que oficien como mediadores en este tema.

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