El contralor Nelson Shack, propuso avanzar en la implementación de un Sistema Integrado de Denuncias para toda la administración pública, donde se reciban las denuncias ciudadanas sobre casos de presuntas inconductas funcionales o corrupción en el Estado.
Durante la VII Conferencia Anual Anticorrupción Internacional: “Lucha contra la corrupción: Retos y perspectivas”, Nelson Shack propuso a las principales instituciones anticorrupción, trabajar en equipo, en forma coordinada y articulada, para alcanzar resultados relevantes a mediano plazo.
En ese sentido, dijo que es posible que a las instituciones les esté faltando realizar más coordinaciones a nivel operacional, sobre aspectos más concretos para luchar contra la corrupción.
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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Durante el evento, las seis principales instituciones vinculadas a la lucha anticorrupción se comprometieron a adoptar medidas concretas, orientadas a fomentar el adecuado ejercicio de la denuncia ciudadana de actos de corrupción.
Una de las primeras medidas será trabajar articuladamente para crear el Sistema Integrado de Denuncias. También implementar protocolos de articulación insterinstitucional en materia de prevención y lucha anticorrupción, especialmente para el tratamiento eficaz de las denuncias de actos de corrupción con un enfoque donde prime la satisfacción ciudadana.
El documento fue suscrito por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Frente a los acontecimientos recientes, que demuestran que la corrupción se ha extendido en nuestro país, las instituciones anticorrupción se comprometieron, por escrito, a asumir un papel más determinante y activo en la tarea de defender la ética y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas, así como salvaguardar los recursos públicos.
Además, desarrollarán acciones de manera integrada y coherente, que sean medibles en sus logros, específicos en sus objetivos y determinadas en sus plazos, para que la ciudadanía verificar su cumplimiento.
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