SAN JOSÉ.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró culpable al Estado de Perú por la desaparición forzada del militar en retiro Rigoberto Tenorio Roca, ocurrida el 7 de julio de 1984 a manos de miembros de la Marina.
La sentencia, publicada hoy por la Corte, indica que el Estado “es responsable por la desaparición forzada del señor Rigoberto Tenorio Roca y, en consecuencia, por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica“.
También violó las garantías judiciales, protección judicial, a conocer la verdad y a la integridad personal de los familiares de Tenorio.
El caso se remonta al 7 de julio de 1984 cuando Rigoberto Tenorio viajaba en un autobús junto a su esposa Cipriana Huamaní (foto) cuando miembros de la Marina detuvieron el vehículo, lo bajaron a él, le colocaron una bolsa en la cabeza y se lo llevaron en un vehículo oficial.
Según la demanda, Tenorio fue detenido por supuestamente pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso y trasladado a un cuartel de la Marina de Guerra en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, sin que se conozca su paradero desde entonces.
Tenorio viajaba en el autobús con rumbo a la Base de Infantería Nº 51 “Los Cabitos” para tomar conocimiento de cuándo empezaría a trabajar como oficial de reclutamiento militar, según la demanda.
La Corte determinó en la sentencia que la detención fue realizada después de haber verificado su documento de identidad y que no se relacionaba con ninguna investigación o causa judicial.
La demanda indica que la víctima no fue puesta a disposición de ninguna autoridad, sino que habría sido trasladada a la Base Militar ubicada en el Estadio Municipal de Huanta, lugar que funcionaba como un centro clandestino de detención y tortura.
El tribunal internacional determinó en su fallo que las investigaciones llevadas a cabo “no fueron diligentes ni efectivas” para determinar el paradero de Tenorio Roca, ni tampoco para establecer lo ocurrido, identificar y sancionar a los responsables, o respetar la garantía del plazo razonable.
Después de 32 años desde la desaparición forzada Tenorio aún no se conoce toda la verdad sobre los hechos y su paradero, por lo cual la CorteIDH consideró que en el presente caso el Estado peruano es responsable por la violación del derecho de los familiares a conocer los hechos a través de la investigación.
La sentencia indica que como consecuencia directa de la desaparición, los familiares de la víctima han padecido un “profundo sufrimiento, ansiedad y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral, constituyendo ello una forma de trato cruel e inhumano“.
En el fallo, los jueces ordenan al Estado de Perú a continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones y el proceso penal en curso, así como extremar los esfuerzos de búsqueda exhaustiva por la vía judicial para determinar el paradero de Tenorio Roca a la mayor brevedad y castigar a los responsables.
La CorteIDH también solicitó brindar gratuitamente tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico y otorgar una beca en una institución pública peruana concertada entre cada hijo para realizar estudios.
Los jueces ordenaron al Estado de Perú a pagar 80,000 dólares, cuya mitad deberá ser entregado a la esposa de Tenorio, Cipriana Huamaní, y el resto tendrá que ser repartido entre sus ocho hijos, así como otros 45,000 dólares repartidos en equidad por daños inmateriales.
La esposa de Tenorio también recibirá 15,000 dólares por daño emergente y su hermano Juan Tenorio recibirá 13,000 dólares como indemnización por gastos en la búsqueda de la justicia.
El Estado peruano deberá cancelar los montos por costas y gastos de las labores realizadas en el litigio del caso a nivel interno e internacional.
La Corte Interamericana indicó que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes.
EFE/Foto: derechoalaverdadyjusticia.blogspot.com