WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) anunció hoy que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso relacionado con la desaparición forzada del sindicalista colombiano Víctor Manuel Isaza Uribe mientras se encontraba detenido en la cárcel.
En un comunicado, la CIDH explicó que Isaza Uribe, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC), desapareció el 19 de noviembre de 1987 cuando se encontraba detenido en la cárcel de Puerto Nare (Antioquia, Colombia).
La organización panamericana también apuntó que Isaza Uribe era “simpatizante del partido político Unión Patriótica” y recordó a Colombia que, cuando una persona se encuentra bajo su custodia, “es obligación del Estado ofrecer una explicación satisfactoria sobre lo sucedido en tales circunstancias, lo que no ocurrió en este caso”.
“El Estado se limitó a validar la versión oficial de fuga, sin investigar adecuada y exhaustivamente los hechos tomando en cuenta todos los indicios que apuntaban a la hipótesis de la desaparición forzada”, apuntó la CIDH.
La organización enmarcó estos hechos en la violencia “por parte de agentes del Estado” contra personas vinculadas al partido político Unión Patriótica, así como la “persecución e incluso exterminio de sindicalistas precisamente de la entidad a la que pertenecía Víctor Isaza Uribe”.
Además, la Comisión determinó que el Estado mantuvo vigentes marcos jurídicos relativos al paramilitarismo y a la identificación de sindicalistas dentro de la noción de enemigo interno.
La Comisión también acusó al Estado de no haber proporcionado “información sobre acciones específicas que se hubieran tomado de manera inmediata para dar con el paradero de Víctor Isaza Uribe y proteger su vida e integridad” y señaló que el proceso penal ha estado sujeto a “demoras injustificadas”.
“Pasados más de 27 años de ocurridos los hechos, estos aún no han sido esclarecidos y la investigación penal permanece en etapa de investigación previa”, rezó el comunicado de la CIDH.
La entrega del caso a la CorteIDH por parte de la CIDH se produjo el pasado 3 de abril, al considerar que el Estado de Colombia “no cumplió con las recomendaciones” propuestas por el organismo.