El Ministerio de Justicia y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuestionaron hoy jueves un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso que impide a la Fiscalía investigar la financiación de los partidos políticos de manera directa.
La iniciativa legislativa se discute mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial realizan investigaciones en las que se ha incluido la presunta financiación irregular de los partidos políticos bajo la figura de organización criminal, a partir de sus supuestos vínculos con los casos Odebrecht y Lava Jato.
Entre los políticos investigados están la líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple con una prisión preventiva de 36 meses, y el expresidente Alan García, quien permanece en la residencia del embajador de Uruguay en Lima mientras espera una respuesta a un pedido de asilo político que ha presentado tras denunciar una persecución política.
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— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) November 22, 2018
El ministerio y la ONPE señalaron en un informe y un comunicado, respectivamente, que el proyecto de ley afectaría las competencias de la Fiscalía pues para realizar sus investigaciones preliminares a los partidos políticos requerirá de un informe previo del organismo electoral.
En ese sentido, la ONPE manifestó su “preocupación” por las disposiciones complementarias que buscan atribuirle “funciones que corresponden a otro organismo constitucional autónomo: Fiscalía de la Nación”, que, además, no le han sido consultadas.
El Ministerio de Justicia señaló, por su parte, que “se estaría afectando la competencia del Ministerio Público”, porque condiciona su acción al informe previo de la ONPE.
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En el caso de los castigos que tendrían los responsables de la financiación ilícita, el proyecto propone para el delito de lavado de activos en ese sector una reducción de la pena actual, que va de 8 a 15 años, a de 6 a 13 años.
La Junta de Portavoces del Congreso acordó este miércoles extender la agenda del pleno para debatir hoy el proyecto que incorpora el delito de Financiación ilícito de organizaciones políticas al Código Penal.
La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Justicia por unanimidad, con los votos de la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio, la derechista populista Fuerza Popular, las derechista Alianza Para el Progreso y Célula Parlamentaria Aprista, así como la izquierdista del Frente Amplio, y aunque no fue debatido en la comisión de Constitución, pasó directamente a la agenda del pleno.
EFE