La denuncia constitucional presentada contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) es una suerte de golpe de estado en contra dicho organismo y una maniobra para coparlo, dada la mayoría fujimorista y el eventual respaldo aprista que podría recibir en el Congreso, dijo Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fue al referirse a la denuncia que 11 altos oficiales en situación de retiro presentaron ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en contra de Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinoza y Marianella Ledesma, a raíz de la resolución del caso El Frontón.
La denuncia contra miembros del TC busca atarantar a los jueces, y nos va a hacer retrotraer a ese antecedente con la defenestración de miembros del TC de 1997. Y ahí se sacaron a tres, ahora se quiere sacar y destituir a cuatro, con lo cual también puede hacer una suerte de golpe de estado contra el TC”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Es una suerte de maniobra política, porque si votas a cuatro de siete, tienes la ventaja con tu mayoría del Congreso de copar el TC, sobre la base de una acción supuestamente en resguardo de un grupo de marinos. En realidad, es una acción muy peligrosa para la democracia también”, señaló.
El caso nunca se cerró
Al referirse al estado del caso El Frontón, Rivera Paz sostuvo que no puede decirse que el caso “se ha reabierto por la decisión del TC”, porque el proceso nunca se cerró. Enfatizó que este es un juicio regular y que para el Poder Judicial está claro que se trata de un crimen de lesa humanidad.
“El caso nunca se cerró. El dato más importante que hay que dar cuenta es que esa resolución del 2013 no tuvo ninguna consecuencia en el proceso judicial. Creo que el Poder Judicial advirtió que eso era un mamarracho de resolución, y por lo tanto nunca cerró nada, nunca anuló nada, el juicio continuó su ritmo normal”, aseveró.
“En octubre del año pasado hicimos control de acusación, y hace un par de semanas la Sala Penal Nacional programó fecha de inicio del juicio oral del 8 de setiembre. El mensaje es que estas resoluciones no han creado ninguna nulidad, porque el proceso es absolutamente regular, y hay un convencimiento no solo de los jueces de primera instancia, sino de la sala, que se trata de un crimen de lesa humanidad”, sostuvo.
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