WASHINGTON/EEUU.- El Departamento de Justicia entregará a la comisión investigadora de la Cámara de Representantes los informes de la fallida operación de tráfico de armas “Rápido y furioso” que se salió de control y benefició a narcotraficantes mexicanos.
El Fiscal General, Jeff Sessions, entregará los documentos al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes después de una batalla de seis años, en la que 14 funcionarios de justicia fueron señalados como responsables de haber fallado en sus acciones.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), en cooperación con algunos vendedores legales de armas, rastreó armas de compradores minoristas a quienes consideraba proveedores ilegales de los cárteles del narcotráfico mexicano.
Luego se perdió el rastro de cerca de 2,000 armas de fuego del programa y algunas de ellas aparecieron en escenas de crímenes, como el del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian A. Terry, asesinado en diciembre de, 2010 en Arizona.
Según las investigaciones, el programa había contribuido en la comisión de crímenes, incluyendo la muerte de Terry.
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El reporte del inspector general del Departamento de Justicia concentró la culpa en la ATF —dependiente del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos—, su agencia en Phoenix, Arizona, la oficina en campo y la oficina del secretario de Justicia en Arizona.
El documento reporte cita “una serie de estrategias mal guiadas, tácticas, errores de juicio y fallas de administración que permearon los cuarteles generales de la ATF y a la división de campo en Phoenix, además de la Oficina del secretario de Justicia en el Distrito de Arizona”.
Mientras tanto funcionarios de la ATF en Arizona dijeron que seguían lineamientos de los cuarteles generales de la ATF en Washington.
“Aunque no se encontraron pruebas de que los agentes responsables de los casos hayan actuado de forma deshonesta o trataran de lograr algo más que la desarticulación de una peligrosa organización traficante de armas, se concluyó que se cometió gran cantidad de errores durante el desarrollo y la supervisión de las investigaciones.
La muerte del agente fronterizo Terry puso la atención pública sobre Rápido y Furioso, y surgieron acusaciones de que autoridades de la dependencia omitieron intencionalmente la intercepción de armas compradas por prestanombres antes de que llegaran a las manos de los criminales, como una técnica para llegar a los “peces grandes” del tráfico de armas.
“El jefe de la División Criminal, Lanny Breuer, no informó a Holder ni a su subsecretario sobre las fallas en la Operación Receptor Abierto —investigación sobre armas en la que se recurrió a estrategias similares—, de la que tuvo conocimiento en abril del 2010. Breuer reconoció dicha omisión ante el Congreso en noviembre”, según el reporte oficial.
En una entrevista con la revista Fortune publicada por CNNMoney, los agentes negaron lo sucedido como un método. “Justamente lo contrario: ellos dicen que aseguraron armas cada vez que podían, pero fueron paralizados por fiscales y leyes débiles que los obstaculizaron a cada paso”, detalló.
En ese entonces los republicanos utilizaron el tema para atacar al secretario Eric Holder y a todo su Departamento de Justicia de la administración de Barack Obama, y que está a cargo de la ATF.
Los investigadores del Congreso emitieron un requerimiento para los documentos básicos relacionados con la operación Rápido y Furioso, sin embargo, el presidente Barack Obama aplicó su facultad de fuero ejecutivo sobre ellos restringiendo su acceso. (ECHA- Agencias)
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