El acoso a la periodista Melissa Peschiera, una presentadora de televisión muy conocida en Perú, ha puesto en evidencia la desprotección de las mujeres que denuncian estos casos en el país, donde pese a que es un delito tipificado desde septiembre 2018, en la práctica, no se da seguridad a las víctimas.
Tal es el caso de Peschiera, que desde 2016 se convirtió en la obsesión de un hombre al que acusó ante las autoridades de acosarla en persona, enviarle cartas, hacerle llamadas telefónicas y mandarle constantes mensajes por redes sociales, en los que le declara su amor y admiración.
“Empezó de menos a más, primero cartas, luego consiguió el teléfono. Yo me lo encontré dos o tres veces afuera de mi casa, y desde ahí tuve que limitar mis salidas y las de mis hijos”, declaró la periodista a Efe.
El hombre continuó con este acoso hasta que Peschiera decidió enfrentarlo en abril de 2018 y avisar a la Policía, que lo detuvo, pero a los dos días fue liberado, a pesar de una demanda por intento de secuestro y seguimiento.
En junio de 2018, el Poder Judicial ordenó medidas de protección para la periodista que, en la práctica, se limitaron a imponerle al agresor la restricción de mantenerse a una determinada distancia de ella, pero sin ningún control de su cumplimiento.
“No son medidas de protección, depende más de la voluntad de él de no acercarse a mí a menos de 10 metros, o no escribirme; más que de mi propia voluntad o de mi propia seguridad”, apuntó Peschiera, para quien estas medidas han hecho que ahora el caso sea “más intenso, más agresivo, más insistente y más violento”.
Cuando la periodista hizo su denuncia, el acoso aún no era considerado un delito en Perú, por lo que cuando fue tipificado por el Congreso, en marzo pasado presentó una demanda por acoso sexual.
La ley peruana establece que es acosador sexual “el que vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual”.
Dispone, por ese motivo, “una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación”.
“Ante la ineficacia de la Justicia, mi acosador ahora se ha empoderado, me llama más, me escribe más mensajes”, anotó Peschiera, quien agrega que este caso la tiene “psicológicamente jaqueada”.
Según datos del Ministerio de la Mujer, solo entre enero y marzo de este año se han registrado 155 denuncias por acoso sexual, mientras que en 2018 se registraron 487, con la mayoría de las víctimas niñas y adolescentes (51 %).
En ese sentido, la abogada Cynthia Silva, asociada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), señaló a Efe que la desprotección de las mujeres se debe a diversas fallas en la administración de Justicia, que ven este delito como “leve, menor, de relevancia y gravedad mínima”.
Silva agregó que, ante una desobediencia tan expresa a las órdenes judiciales, las autoridades deberían proceder de inmediato, y no esperar un proceso que toma hasta dos años, en la mayoría de casos leves, y muchas veces son archivados.
“Cuando hay una medida de riesgo muy grave, severa, se debe priorizar la atención a nivel penal, para que haya una sanción efectiva, y se desincentive al agresor”, acotó la abogada.
La gran incidencia de violencia contra la mujer en Perú llevó en julio pasado al presidente Martín Vizcarra a comprometer a su Gobierno en la lucha contra la violencia machista, lo que incluyó un aumento de presupuesto para afrontar ese flagelo.
No obstante, para los defensores de los derechos humanos y organizaciones feministas, los esfuerzos del Estado peruano “aún se muestran invertebrados”, por lo que la violencia machista se mantiene latente y los casos de feminicidios reportados en lo que va de este año ya son 53 y en 2018 sumaron 148.
EFE/Video 24 Horas PTV