MADRID.- El diario español El País señaló que el cuestionado Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, entorpece la investigación de la mafia , en el sistema de justicia, por sus decisiones que obstaculizan el proceso a la banda de “los Cuellos Blancos”.
En ese sentido menciona que Chavarry tomó –entre el pasado domingo y el lunes– tres decisiones que obstaculizan el avance de las investigaciones de la red de corrupción en el sistema de justicia, la organización criminal llamada Cuellos Blancos del Puerto en un informe que, a continuación reproducimos textualmente:
Una de las responsables de la pesquisa, la fiscal supraprovincial del Callao Sandra Castro ha solicitado al fiscal general personal para transcribir más de 20.000 audios de la corrupción, dada su carga adicional de trabajo sobre lavado de activos, pero el domingo Chávarry le encargó una diligencia distinta: participar en una operación de tres días contra el blanqueo de capitales en el aeropuerto y luego elaborar un informe detallado.
Rocío Sánchez, la otra responsable de la investigación a la mafia formada por jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, políticos y empresarios, pidió en agosto al fiscal general que delegue casos de lavado de activos a un fiscal especializado en ese rubro para que ella y su colega puedan dedicarse enteramente a los Cuellos Blancos del Puerto, pero el titular del ministerio público no respondió.
Ambas magistradas son las responsables de crimen organizado y lavado de activos en el Callao, donde se ubican el principal puerto del país y el aeropuerto internacional Jorge Chávez, y por tanto, son puntos de operación del narco y de otras bandas criminales.
Un informe de agosto realizado por Castro señala que Chávarry es un presunto miembro de la trama de corrupción. Sin embargo, las investigaciones para dilucidarlo no inician porque la mayoría fujimorista en el Congreso lo impide: cuatro denuncias en su contra por infracción constitucional aún no han sido debatidas desde agosto, porque el presidente de la comisión parlamentaria que debe tratarlas se niega a hacerlo.
Se trata del parlamentario fujimorista César Segura. Si el Congreso no lo denuncia constitucionalmente y le levanta el fuero, la investigación penal sigue congelada. (ECHA- Agencias)