MADRID (España).- El Gobierno español recurrirá ante la Justicia la decisión del Ejecutivo regional de Cataluña de restablecer las embajadas que esa comunidad autónoma tenía en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia.
Por su parte, la consejería de Acción Exterior, Relaciones Instituciones y Transparencia regional catalana aseguró que su idea de reabrir las delegaciones en el extranjero “sigue en marcha” según el calendario previsto, con la determinación de “llevar la voz de Cataluña a Europa y el mundo”.
Todas esas oficinas regionales de representación en el exterior se cerraron al entrar en vigor el artículo 155 de la Constitución española, por el que el anterior Gobierno presidido por el conservador Mariano Rajoy (PP) asumió el control de las instituciones catalanas tras la ilegal declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del 2017.
El Ministerio español de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (MAUC), anunció la presentación del recurso ya que el Gobierno regional catalán “no ha cumplido las condiciones que establece la legislación vigente para la creación de delegaciones de las comunidades autónomas en el exterior”, según un comunicado de hoy.
.
La Ley de Acción y del Servicio Exterior de España establece que, “antes de la creación de sus delegaciones en el exterior para el ejercicio de sus competencias, las comunidades (regiones) deberán comunicar este hecho al Gobierno de España”.
Lo comunicarán para que el Ministerio de Exteriores “informe sobre la adecuación de la propuesta a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior” española y, en particular, con el principio de “unidad de acción en el exterior”.
También es necesario ponerlo en conocimiento del Gobierno central para que el Ministerio de Hacienda “pueda emitir informe en lo relativo al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos”.
En el comunicado, el Ministerio de Exteriores recuerda al Ejecutivo regional catalán que informó sobre la creación de esas delegaciones “con sólo 24 horas de antelación a la adopción del decreto de creación, lo que hacía imposible emitir dichos informes”.
En otro comunicado, el gobierno regional de Cataluña afirma que se “informó primero por escrito al Ministerio de Exteriores español de la puesta en marcha del proceso para reabrir seis delegaciones”, por lo que “de esta manera, si lo consideraba pertinente, el Ministerio podía realizar un informe prescriptivo y no vinculante”.
Además recordó que, “entre otras funciones, las delegaciones en el exterior sirven para ejercer la representación, defensa y promoción de los intereses generales de Cataluña y dar apoyo a las entidades, empresas y ciudadanos catalanes en el extranjero”.
El Ministerio español sostiene que el gabinete presidido por el independentista Joaquim Torra argumentó “que en realidad no estaba abriendo ninguna nueva delegación sino reabriendo las que el Gobierno central había cerrado en virtud de la aplicación del artículo 155” de la Constitución española.
Exteriores precisa que en la creación de las primeras embajadas tampoco se cumplieron los trámites legales, por lo que el anterior Ejecutivo interpuso los correspondientes recursos contencioso-administrativos que fueron archivados una vez entró en vigor dicho artículo.
Durante el pasado julio, el Ejecutivo regional de Torra “ha restituido a los delegados en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Italia y Suiza y ha convocado -durante el mes de agosto- los concursos para nombrar los directores de las delegaciones en Francia y Estados Unidos”.
Para el Ministerio de Exteriores español “queda claro” la voluntad del Gobierno regional catalán de no cumplir la ley y “de hacer caso omiso a las reiteradas advertencias que se le han hecho al respecto”.
El recurso no afectará a las 40 delegaciones que el Ejecutivo autonómico catalán mantiene como oficinas comerciales, las 13 oficinas turísticas y las 8 culturales, que han sido creadas de acuerdo con el procedimiento legal vigente, señala el comunicado.
Se trata de la segunda vez que el Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez decide recurrir una medida adoptada por el independentismo catalán, después de que a primeros de junio llevara ante el Tribunal Constitucional (TC) la moción aprobada en el Parlamento autonómico que reafirmaba “los objetivos políticos” de avanzar hacia la independencia.
⊕