La Ley de Seguridad Ciudadana en España, más conocida como ley mordaza, sitúa al ciudadano en una espiral de desamparo ante la ley en donde prima la presunción de veracidad de las fuerzas del orden, denuncia Mónica Hidalgo, portavoz de la plataforma ciudadana No Somos Delito.
La ley mordaza, que entró en vigor el pasado 1 de julio, ya se ha comenzado a aplicar en España: los primeros casos son un joven canario que criticó en Facebook a la Policía de su pueblo y una prostituta rumana por “exhibición obscena del cuerpo desnudo y de las partes más íntimas”; los dos podrían ser multados con hasta 600 euros.
La denuncia contra el joven canario Eduardo Díaz, de 27 años, por tachar de “casta de escaqueados” y “cracks” a la Policía Local de Güimar “sienta un precedente demasiado peligroso”, alerta Hidalgo.
“Es un comentario sarcástico, no ha vejado ni insultado a nadie”, opina.
La denuncia “crea un procedente tremendo y horrible e inicia una espiral un poco caótica” porque la condena dependerá de cómo se aplique esta ley, afirma la activista de una plataforma que reúne a organizaciones como Greenpeace o los indignados del 15M.
“¿Qué harán? ¿Poner a una parte de la Policía solo a mirar qué se pone en las redes sociales?”, se pregunta.
Hidalgo alerta de que a partir de ahora cualquier “crítica feroz contra las políticas represivas”, las políticas económicas de recortes o a la presunta corrupción de algún político, la multa será de “mucho más que 600 euros”.
Para No Somos Delito, uno de los puntos “más espeluznantes de la ley mordaza es la presunción de veracidad de la Policía”, cuya opinión “vale más que la del ciudadano”.
Y a eso se añade “que hemos perdido muchas garantías judiciales”, ya que antes de la reforma “los casos se juzgaban ante un juez” y ahora “van por vía administrativa, que son juez y parte” ya que “la Policía está integrada en la Administración”.
La reforma del Código Penal, junto a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, sitúa al ciudadano en una “espiral de indefensión”, porque antes se podía hablar con un juez “que pedía pruebas”.
El denunciado puede recurrir, pero han subido también las “tasas judiciales”, haciendo el proceso “mucho más costoso y tedioso”, destaca Hidalgo a esta agencia.
“Primero pagas y luego recurres”, explica la activista, que denuncia también el ambiguo redactado de la ley mordaza, en donde “cabe todo y quedas en manos de la valoración que hagan de una situación las propias fuerzas del orden”.